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Es el momento para que Congreso reforme la justicia militar, asegura Defensoría

14:11 |

Lima, feb. 07 (ANDINA).- Es el momento para que el Congreso proceda a la reestructuración de la justicia militar adecuándola a la Constitución, aseveró hoy defensor del Pueblo adjunto Samuel Abad.
   Lima, feb. 07 (ANDINA).- Es el momento para que el Congreso proceda a la reestructuración de la justicia militar adecuándola a la Constitución, aseveró hoy defensor del Pueblo adjunto Samuel Abad.
 
   “Estan los factores indispensables: el Tribunal se ha pronunciado, la Defensoría del Pueblo, y el tema está en manos del Congreso, que debe legislar y establecer un nuevo modelo de justicia militar”, anotó.
 
   Abad comentó así las declaraciones hechas en la víspera por el almirante Frank Boyle, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el sentido que los militares que violen derechos humanos deben ser procesados y juzgados en el fuero civil.
 
   “Esta posición por el juzgamiento de militares en el fuero civil cuando violan derechos humanos no es nueva y ha sido respaldada hace mucho tiempo”, expresó el defensor adjunto en temas constitucionales.
 
   Señaló que así lo sostiene la Defensoría del Pueblo desde hace mucho tiempo, lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo ha ratificado el Tribunal Constitucional.
 
   “Eso hoy día está bastante claro, más allá de que hay algunos casos que se han tratado de llevar al fuero militar incluso en los últimos años, pero no se está sosteniendo la desaparición de la justicia militar ni mucho menos”, afirmó.
 
   Precisó que lo que se está planteando en la reforma constitucional es que la justicia militar o los tribunales militares formen parte del Poder Judicial, que se creen instancias o jueces especializados, o tribunales especializados al interior del Poder Judicial.
 
   “Estos –dijo- deben encargarse de conocer los delitos de función, lo cual garantizaría la autonomía e independencia de los jueces, porque hoy todavía los jueces militares son designados por el Poder Ejecutivo y no por el Consejo de la Magistratura como corresponde”.
 
   Estos designados, señaló, son oficiales en actividad, están subordinados a la jerarquía castrense, y eso no garantiza una autonomía e independencia de parte de esas personas al juzgar “y por eso estamos de acuerdo con un cambio”.
 
   (FIN) ACS/RES

Publicado: 7/2/2005
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