La gerencia general del Poder Judicial precisó hoy que no se ha despedido a ningún trabajador de la institución como consecuencia del paro de 24 horas, acatado por un grupo de servidores el 24 de mayo pasado, en rechazó al Código del Servidor Público.
Lima, jun. 28 (ANDINA).- La gerencia general del Poder Judicial precisó hoy que no se ha despedido a ningún trabajador de la institución como consecuencia del paro de 24 horas, acatado por un grupo de servidores el 24 de mayo pasado, en rechazó al Código del Servidor Público.
A través de un comunicado, se indica que la información proporcionada por algunos dirigentes en tal sentido, es falsa e interesada.
“Las cartas cursadas tienden a esclarecer los hechos de violencia o abandono de puesto de trabajo suscitados el 24 de mayo último; medida elemental en todo organismo que respeta la Constitución y la ley”, dice el documento.
Agrega además que el acto de fuerza se realizó sin respetar la formalidad prescrita en la ley y fue comunicado sin observar el plazo establecido.
Respecto al anunciado Paro Nacional de 48 horas, programado para los días 7 y 8 de julio próximo, con perspectiva a convertirse en una huelga nacional indefinida, el Poder Judicial considera que las razones por las cuales se convoca son extralaborales y con un claro matiz político.
La medida de fuerza, según la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales, es en rechazo a la aprobación del dictamen del Proyecto de Ley General del Empleo Público.
En ese sentido, la gerencia general de PJ afirma que pretender paralizar el esencial servicio que presta la administración de justicia, pretextando inconformidad con un dictamen respecto a determinado proyecto de Ley de la República, es un medida equivocada.
Del mismo modo, formula un llamado a los servidores de la institución a fin de que reflexionen y no permitan la interrupción de trámites y especialmente de plazos procesales.
El comunicado indica finalmente que el Poder Judicial garantizará el libre acceso a sus instalaciones en todo el territorio nacional; tanto a usuarios del servicio judicial, como a sus trabajadores.
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