Del total de 16,114 (a julio del 2017) de internos en penales del país por
el delito de agresión sexual, el 56.5% tienen entre 18 y 44 años y el 6,3% son mayores de 60 años.
Así lo revela la investigación denominada "Agresores sexuales, antecedentes y trayectoria sexuales de adultos mayores recluidos por delitos sexuales", elaborado por el Consejo Nacional de Política Criminal y el Observatorio Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Los denominadores comunes en sus vidas son las relaciones autoritarias, violencia familiar y, en algunos casos, sexual, modelos de crianza machista en los que se desvalorizaba la figura de la mujer, carencias afectivas, ausencia del padre biológico, así como marcado deseo de poder y control sobre otras personas.
Ejercicio del poder
Al respecto la viceministra de Justicia, Silvia Loli, sostuvo que una agresión sexual está motivada en gran parte por el ejercicio del poder y por eso no sorprende que la mayoría de los agresores pertenezcan al entorno cercano de la víctima y tenga sobre ella algún tipo de autoridad.
"Es importante romper con el estereotipo de que la casa es el lugar más seguro para evitar un abuso, porque la mayoría de los casos ocurre en esos espacios considerados seguros", anotó tras señalar que somos una sociedad altamente tolerante as la violencia.
A su juicio, lo que debe cambiarse es el modelo de las relaciones familiares, donde haya tratamiento igualitario y donde los hombres no ejerzan el poder sobre las mujeres.
En esta investigación también se concluyó que es mínimo el porcentaje de los agresores sexuales que tienen estudios superiores. La mayoría tiene una relación de convivencia o está soltero y un grupo menor está casado. El 76.1% de ese total tiene hijos.
Sobre sus actividades laborales antes de caer en prisión, el 90.4% informó que se desempeñaba en diferentes oficios, mientras que grupos menores habían trabajado antes como profesionales, técnicos o eran estudiantes.
La investigación recomienda el diseño de programas para la socialización de niños y adolescentes que incentiven estilos de crianza democráticos, con el fin de disminuir la presencia de relaciones autoritarias y desiguales; y el fortalecimiento de programas de protección para niñas y adolescentes mujeres, principales víctimas de los delitos sexuales.
Asimismo, la implementación de planes de prevención de la violencia sexual mediante la identificación temprana de factores de riesgo que fueron examinados en la investigación.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, indicó que la investigación presentada hoy será una herramienta útil para el trabajo multisectorial que se desarrolle para erradicar los casos de violencia sexual y que debe comprometer a todos, instituciones y sociedad.
Por su parte, el director de Asuntos Criminológicos del Ministerio, Carlos Bazo, anunció que
pronto se iniciará un estudio acerca de los adolescentes infractores que incurren en el delito de violencia sexual.
En la presentación del informe estuvo presente el magistrado Francisco Távara, presidente del Poder Judicial en funciones y representantes del Ministerio Público.
Más en Andina:
(FIN) ART/ART
Publicado: 24/5/2018