El Pleno del Congreso debatirá este jueves los dos primeros dictámenes de las seis propuestas de reforma política planteados por el Poder Ejecutivo en su cuestión de confianza, y que fueron aprobados por la Comisión de Constitución del Congreso.
En el caso de las organizaciones políticas, se trata de un dictamen en mayoría elaborado sobre la base de ocho proyectos de ley presentados por diversas bancadas e instituciones, como el Poder Ejecutivo y el Jurado Nacional de Elecciones.
El dictamen reemplaza el criterio de la firma de adherentes que regía hasta ahora por el número de militantes para la inscripción de las organizaciones políticas, que pasará a ser el 0.1 % del último padrón electoral. El ejecutivo había propuesto que sea el 0.075 %.
Igualmente, los partidos tendrán que constituir comités partidarios en cada una de las regiones del país, para que puedan ser inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.
Igual consecuencia se tendrá cuando las organizaciones políticas no participe en elecciones regionales, en por lo menos tres quintos de las regiones, y en las elecciones municipales, en por lo menos la mitad de las provincias y un tercio de los distritos a nivel nacional.
La iniciativa implica modificar el artículo 13º de la Ley de Organizaciones Políticas, que actualmente establece que no se cancela la inscripción de un partido a menos que deje de participar en dos elecciones generales sucesivas.
Función Pública
El segundo punto de la agenda es el debate de la reforma constitucional que propone incorporar el artículo 34-A y modificar el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, sobre impedimentos para ejercer la función pública.
Se trata de un dictamen en mayoría, sobre la base de los proyectos del Poder Ejecutivo, con carácter de urgencia, y de la bancada de Peruanos por el Kambio.
La reforma aprobada añade en el artículo 34 de la Constitución, referido los impedimentos para ser candidato, la prohibición de postular de los sentenciados en primera instancia por delito doloso.
Se aprobó, además, un cambio en el artículo 39 de la Constitución para extender esta prohibición al ejercicio de la función pública, mediante la designación de cargos de confianza.
El Ejecutivo, en su propuesta de reforma constitucional, solo planteaba el impedimento para postular a “las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso cuya pena sea mayor a cuatro años”.
Por tratarse de una modificación constitucional, este dictamen debe ser aprobado por el pleno del Congreso en dos legislaturas para entrar en vigencia en las elecciones de 2021.
Finalmente, el Pleno del Congreso también pondrá a debate el pedido de reconsideración presentada por la bancada de Nuevo Perú, respecto de la votación realizada en la sesión del 5 de diciembre de 2018, en la que el proyecto de ley que propone incorporar el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal.
(FIN) EGZ/CVC
JRA
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Publicado: 10/7/2019