La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 3) presentó acusación contra 19 personas naturales, entre ellas el congresista José Luna y exmiembros del CNM, así como dos personas jurídicas por el presunto delito de organización, enriquecimiento ilícito, entre otros.
La presunta organización criminal, de acuerdo a la Fiscalía, habría operado desde el año 2014, con la finalidad de capturar ilegalmente organismos autónomos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para facilitar la inscripción presuntamente indebida del partido Podemos por el Progreso del Perú.
El requerimiento acusatorio pide 22 años y ocho meses para
José Luna Gálvez por organización criminal y cohecho activo específico; 16 años y cuatro meses para
José Luna Morales por los mismos delitos; 16 años y cuatro meses para
José Cavassa por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias; y 26 años de prisión para los
exconsejeros del CNM Guido Águila y Sergio Noguera por organización criminal, cohecho pasivo específico y enriquecimiento ilícito.
También comprende como personas jurídicas a la Universidad Privada Telesup y el partido Podemos por el Progreso del Perú, por presuntos delitos graves como organización criminal, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Se solicitó para estas instituciones una multa de 500 UIT (S/ 2 775 000) y 250 UIT (S/ 1 337 500), respectivamente.
Además, se solicitó 10 años y cuatro meses de prisión, así como las penas accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses para otros exfuncionarios de la ONPE.
Acusación fiscal.
Según la acusación fiscal, la conducta delictiva de este caso comprende tres grandes fases:
Fase 1: Presunta injerencia en la elección ilegal del jefe de la ONPE
La presunta organización criminal, habría captado a exmiembros del CNM a través de beneficios económicos provenientes de la universidad Telesup, a fin
designar como jefe de la ONPE a Adolfo Castillo, quien habría sido afín para los intereses de la red.
Fase 2: Presunto copamiento de la ONPE
Tras el nombramiento de Adolfo Castillo, se habría designado en cargos estratégicos del organismo electoral a funcionarios vinculados a la presunta organización criminal, como extrabajadores o vinculados a la referida universidad. Este copamiento habría permitió ejercer control político interno dentro de la ONPE.
Fase 3: Presunta inscripción ilegal del partido Podemos por el Progreso del Perú
A través de procedimientos irregulares y con celeridad en la verificación de firmas, funcionarios de la ONPE habrían facilitado la inscripción de dicho partido político, vulnerando los principios de transparencia y legalidad electoral. Asimismo, se ha solicitado impedimento de salida del país por 18 meses para 10 imputados.
La Fiscalía presentó en este caso un requerimiento mixto, con el sobreseimiento en un extremo y acusación en el otro.
“Desde las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) se reafirma el compromiso del Ministerio Público con una persecución penal estratégica y especializada, orientada a desarticular redes de poder que intentan capturar ilegalmente instituciones del Estado”, señala la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
(FIN) NDP/FHG
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Publicado: 5/8/2025