El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) sostuvo que las medidas promovidas desde su sector para reducir la población penitenciaria en el país, en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19, no ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía.
En ese sentido, destacó que la primera medida para el deshacinamiento en las cárceles del país, el Decreto Legislativo 1459 publicado hoy en el diario El Peruano, está orientado a simplificar y optimizar el procedimiento para que los
deudores por alimentos puedan salir de los penales con la sola cancelación de deuda.
Sin embargo, fue enfático en señalar que no se tomarán medidas para beneficiar a los sentenciados por delitos graves, como robo agravado, delitos sexuales, homicidios o feminicidios, porque de por medio está la seguridad de todos los peruanos.
“Mucho se habla, liberemos a la mayor cantidad de presos, bueno comento que ningún país del mundo libera a presos por delitos graves (…) Eso no va ocurrir, ni siquiera los organismos internacionales recomiendan liberar presos de alta peligrosidad o delitos graves”, señaló en Exitosa.
Indicó que en la actualidad existen en el país más de 16 mil personas condenadas por robo agravado, 13 mil por delitos sexuales, más de 10 mil por tráfico agravado, casi 4 mil por homicidios calificados o feminicidios. “Ellas no van ser exoneradas”, ratificó.
En cuanto a los internos sin sentencia y que cumple prisión preventiva, el titular del Ministerio de Justicia indicó que existen aproximadamente 35 000 mil procesados, sobre quienes tiene competencia constitucional el Poder Judicial.
Al respecto, dijo que remitió un oficio al titular de este poder del Estado, José Luis Lecaros, a fin que pudiera exhortar a los jueces para que actúen de oficio y puedan reactivar mecanismos pendientes de resolución y que indicen directamente sobre el deshacinamiento.
Castañeda informó también también que esta semana se realizarían 500 pruebas de descarte de covid-19 a trabajadores y personal penitenciario. En total, su despacho, por medio del INPE, ha solicitado 13,000 pruebas para este sector de la población.
Indicó también que hoy se entregarán 50 mil adicionales a esa 30 mil que se proporcionaron al inicio de la emergencia sanitaria para los trabajadores de los penales.
(FIN) RMCH/FHG
Más en Andina
Publicado: 14/4/2020