El Estado peruano es respetuoso de sus compromisos contractuales e internacionales, y ejercerá su derecho de defensa frente a la demanda arbitral presentada por la empresa Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), informó hoy el Ministerio de Economía.
Mediante un comunicado, subrayó que el Perú tiene una sólida trayectoria en los casos de demandas internacionales y ha obtenido fallos favorables frente a reclamaciones por más de 50,000 millones de dólares, en más de una docena de casos presentados por inversionistas en virtud de contratos y tratados de inversión.
Como resultado de tales procesos, remarcó, ha recuperado aproximadamente 110 millones de dólares, mostrando una conducta transparente, diligente y apegada al Estado de Derecho, que ha asegurado los principios rectores sobre promoción de la inversión privada.
"De conformidad con el récord positivo que tiene el Estado en controversias internacionales de inversión, el Perú se defenderá frente a esta demanda", precisó.
Asimismo, reafirmó su compromiso en la lucha contra la corrupción y se reserva todos sus derechos bajo la legislación vigente, incluyendo lo referido a materia anticorrupción y al derecho internacional público.
"El Estado peruano es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias", agregó el ministerio.
Asimismo, refirió que el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), cuyo coordinador es el Ministerio de Economía y Finanzas, atiende las controversias que se derivan de los tratados de inversión o contratos que remiten a un mecanismo internacional de solución de controversias en el CIADI.
Odebrecht exige más de 1,200 millones de dólares de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Argumenta, entre otras cosas, que el 24 de enero de 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.
El Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el contrato de concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado.
Otras medidas que adoptó el Estado y que son objeto de la demanda arbitral de la subsidiaria de Odebrecht están relacionados con las leyes anticorrupción que adoptó el Estado en febrero del 2017. Odebrecht argumenta, en su solicitud de arbitraje, que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del GSP.
(FIN) NDP/VVS
JRA
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Publicado: 5/2/2020