El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, saludó la aprobación por parte del pleno del Congreso de la República del proyecto de Ley 1358, presentado por dicha institución, que promueve la aplicación del enfoque de derechos a las personas afectadas por desastres naturales.
“En la experiencia que ha habido en el Perú con los desastres, siempre se ha empezado por las obras y las pistas, por la parte material y hemos olvidado a las personas. Ahora esto cambiará, serán priorizados sus derechos” aseveró el funcionario, quien reconoció el compromiso del Legislativo con el espíritu de esta nueva norma.
Sostuvo que la iniciativa de ley presentada por la Defensoría del Pueblo en mayo del 2017, permite priorizar antes que la inversión en construcción de infraestructura, la atención de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y de los servicios públicos básicos.
Al respecto, Gutiérrez Camacho recordó que, tras un año de ocurrido el impacto de El Niño Costero según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, existen alrededor de 11,000 personas que aún viven en albergues, encontrándose desplazadas, sin un hogar estable y sin acceso a servicios básicos.
Anotó que de ese total, cerca de 3,000 damnificados son mujeres adultas y adolescentes cuyos derechos fundamentales muchas veces no son visibilizados ni atendidos.
“Esta iniciativa tiene como finalidad que ante la ocurrencia de desastres, el Estado comprometa sus acciones a garantizar el ejercicio pleno del derecho de los afectados y damnificados, y esto se logra con la pronta reposición de servicios básicos como salud, educación, transporte y seguridad y otras buenas prácticas que aseguren el respeto de los derechos, en el más corto plazo, para el bienestar de las personas y sus medios de vida”, precisó Gutiérrez Camacho.
El defensor del Pueblo subrayó que con esta iniciativa el Perú podrá contar con un protocolo de asistencia alimentaria para situaciones de emergencia, en donde el Estado deberá priorizar la entrega de alimentos fortificados para el sector de la población que se encuentre en situación de inseguridad alimentaria, principalmente niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
Enfatizó que la ley aprobada por el Congreso considera que el proceso de reconstrucción debe darse con transparencia y sin corrupción. “Para ello deben implementarse mecanismos estrictos de control y seguimiento al avance sobre el cumplimiento del plan de reconstrucción, y que el presidente del Consejo de Ministros cumpla cada seis meses con informar al pleno del Congreso de la República”, remarcó Gutiérrez Camacho.
(FIN) NDP/LZD/MAO