La muerte civil, la creación de la Comisión Presidencial de Integridad y la convocatoria del Consejo de Estado forman parte de las principales medidas contra la corrupción adoptadas por el Gobierno en sus 100 días de gestión, según destacó hoy el mandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Así, el Poder Ejecutivo publicó el decreto legislativo que modifica el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales para declarar la inhabilitación permanente (muerte civil) y la creación del Registro de Condenados Inhabilitados por delitos contra la administración pública.
Esta norma es una herramienta jurídica para el combate y represión de la corrupción dentro del Estado, destacó Kuczynski.
La disposición establece elevar la pena de inhabilitación principal de 5 a 20 años para delitos contra la administración pública, vinculados a actos de corrupción o defraudación de los intereses del Estado asociados a la función pública, como son el cohecho, la colusión, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, entre otros.
Asimismo, crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados, que permitirá que las entidades públicas antes de contratar a una persona verifiquen si esta mantiene o no una inhabilitación que lo imposibilite.
Comisión Presidencial de Integridad
Otra de las acciones asumidas para luchar contra este flagelo ha sido la conformación de la Comisión Presidencial de Integridad, que presentará sugerencias de acciones a tomar frente a este mal endémico.
Deberá diseñar, también, los mecanismos para monitorear la adopción e impacto de las propuestas.
Igualmente, la abogada Julia Príncipe Trujillo fue designada presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), órgano colegiado encargado de dirigir y supervisar el sistema de defensa jurídica de los intereses del Estado, a cargo de los procuradores públicos.
Kuczynski Godard también convocó al Consejo de Estado contra la Corrupción, a fin de plantear medidas anticorrupción.
Esta reunión se llevó a cabo el 21 de octubre y participaron, además del Mandatario, el jefe del Gabinete Ministerial, la titular de Justicia, el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación.
Respecto a la administración de justicia, el Poder Ejecutivo reabrió el Registro Único de Víctimas, que permite restablecer el proceso de determinación e identificación de beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas.
También se amplió el programa de asistencia legal gratuita para víctimas en situación de vulnerabilidad.
En el sector Defensa se implementó una nueva estrategia de seguridad en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y una Política Nacional de Defensa y Seguridad Nacional.
En cuanto al eje de fortalecimiento de la institucionalidad y la lucha contra la corrupción, la cartera en mención pidió a la contraloría auditorías especiales al proceso de adquisiciones militares efectuadas en el quinquenio pasado, entre otras acciones.
(FIN) CVC/CCR
GRM
Publicado: 26/10/2016