El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, participó en la audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional (TC), relacionadas a la salud mental de los internos, así como el hacimiento penitenciario.
"Es preciso reconocer la importancia que han tenido los fallos del Tribunal Constitucional respecto al sistema penitenciario en el país", señaló Vega, quien agregó que saluda la implementación de mecanismos como este por parte del máximo organismo constitucional, "a fin de garantizar la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales".
Respecto a la primera sentencia relacionada con la salud mental de los reclusos, Vega destacó que el derecho a la salud mental "no puede excluirse de su protección a las personas privadas de libertad en centros penitenciarios".
También señaló que se están realizando todos los esfuerzos para elaborar un Plan de Acción especializado en materia de salud mental, el cual se espera tener prontamente, además de otras acciones vinculadas.
Con relación a la sentencia vinculada al hacinamiento carcelario, precisó que esta situación "es un problema crítico y humanitario que afecta los componentes penitenciarios de tratamiento, seguridad y asistencia a las personas privadas de libertad".
Vega aseguró que, para ello, se ha aprobado la Política Nacional Penitenciaria al 2030, siendo este un instrumento de gestión que expone como primer objetivo estratégico "reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario".
"La operatividad de esta política pública requiere de un Plan Estratégico Multisectorial (PEM) que ya ha sido elaborado por el Grupo Multisectorial de Trabajo encargado para ello", afirmó.
En ese sentido, explicó que para que el referido plan estratégico sea implementado debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo, logrando con ello que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, INPE, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, "desarrollen acciones mediante la adopción de un marco normativo".
La audiencia también contó con la participación de la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva, así como una representante del Ministerio de Salud (Minsa).
(FIN) JCC/JCR
JRA
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Publicado: 5/5/2021