La Defensoría del Pueblo pidió al Poder Ejecutivo y a los gobiernos locales incrementar la inversión pública y privada a favor de la limpieza de las ciudades y la erradicación de los basurales urbanos y rurales.
Al presentar el
informe “¿Dónde va nuestra basura?”, presentado hoy, la institución también solicitó a los municipios una mejora en la provisión de los servicios de barrido, limpieza de espacios públicos y recolección selectiva de residuos.
“También nos dirigimos a los ciudadanos para solicitarles el cumplimiento del pago por estos servicios, aunado a un cambio de hábitos de consumo; y de manejo de residuos en favor de su reducción, reutilización y reciclaje”, expresó la Adjunta del Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.
Las carencias de limpieza pública en las ciudades del país es un problema significativo, especialmente en zonas donde habita población en situación de pobreza y extrema pobreza.
En el documento se evidencia que el sistema de información del Estado no permite saber cuál es la ciudad más contaminada por residuos sólidos; no obstante se sabe que existen más de mil basurales temporales en los espacios de vida urbana. Sólo en Lima y Callao existirían 631 zonas afectadas por este problema.
Un ejemplo emblemático fue Villa María del Triunfo, el distrito más impactado por la acumulación urbana de residuos durante el año 2018, el cual tuvo que ser declarado en emergencia ante los más de 80 focos de infección que afectaron a los vecinos de la zona.
También se evidencia que muy pocas municipalidades brindan un servicio adecuado de limpieza pública y, de otro lado, existe una alta morosidad o falta de pago por el servicio de parte de las personas. Al respecto, al menos 373 municipalidades no cuentan con una ordenanza que habilite el cobro de arbitrios. Y en 16 departamentos la morosidad supera el 30% en promedio llegando inclusive al 50% en tres departamentos.
Sin perjuicio de lo anterior, otro problema de gran envergadura es el incumplimiento de la segregación de los residuos en las viviendas y la falta de aprovechamiento de los residuos que pueden ser reutilizados. En efecto, en el año 2018, el 73% de los residuos municipales eran aprovechables sin embargo gran parte de ellos fueron a parar a botaderos o rellenos sanitarios generando pérdidas millonarias para el país.
Un ejemplo de ello es que sólo el 1% de los residuos orgánicos, que representan el 54% de los residuos municipales, habrían sido aprovechados. Así, los residuos aprovechables terminan ocupando espacio en los rellenos sanitarios construidos para los residuos no aprovechables. Esto es ineficiente e implica un uso inadecuado de los recursos públicos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo alertó la vulnerabilidad de aproximadamente cien mil recicladores en todo el país, de los cuales sólo el 2% de ellos y ellas serían formales; y pidió que las autoridades promuevan su formalización, garantizando medidas de seguridad y protección para que realicen esta importante labor en condiciones dignas.
(FIN) NDP/RRC