Es un hecho que la comisión Lava Jato del Congreso citará en la primera legislatura de 2018 a los directivos de las empresas consorciadas con Odebrecht para recoger su testimonio sobre la Interoceánica Sur, indicó el vicepresidente de ese grupo investigador, Jorge Castro.
Con ello se busca conocer su versión en torno al proyecto vial Interoceánica Sur, luego que el Ministerio Público incluyera en su investigación preparatoria a los representantes de las compañías Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales S.A. e ICCGSA.
“Sí, van a ser citados, lógico. Solo que tenemos bastante trabajo y, lamentablemente, a veces no se puede avanzar al ritmo que uno quisiera. Es indudable que ya retomaremos el trabajo el próximo año”, manifestó en diálogo con la Agencia Andina.
Para Jorge Castro, la investigación fiscal a los empresarios mencionados y la reciente solicitud de prisión preventiva en su contra debió adoptarse a inicios de este año, como lo venía exigiendo la comisión Lava Jato. Sin embargo, consideró que, en este caso, “más vale tarde que nunca”.
Dicha solicitud de prisión involucra a Fernando Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey, Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró Quesada, representantes de las empresas mencionadas.
“El Ministerio Público ahora quiere ponerse las pilas y estar a un paso de nosotros, cuando en la comisión levantamos esa misma bandera desde enero y febrero de este año”, indicó el parlamentario de izquierda.
Según Jorge Castro, legislador de las filas del Frente Amplio, la medida restrictiva contra los directivos de las citadas compañías debería ser complementada con una orden de levantamiento del secreto bancario, tributario y del secreto de las comunicaciones.
Medida extemporánea
Por su parte, la congresista independiente, Yeni Vilcatoma, consideró que incluir a estas personas en las pesquisas y pedir que se les imponga prisión preventiva es una medida “extemporánea”, pues debió adoptarse “hace mucho tiempo” por su supuesta vinculación con actos de corrupción.
“Graña y Montero, por ejemplo, ha cometido actos de obstaculización al haber realizado su propia auditoría para limpiarse de pruebas para que el fiscal, cuando ingrese, ya no encuentre nada. Esto podría hacer que el juez declare fundado el pedido de la Fiscalía”, comentó.
(FIN) MVF/CCR
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Publicado: 1/12/2017