El Perú recibió un documento titulado “Notificación de Arbitraje”, al amparo del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (APC), de parte de dos entidades con supuesta sede en ese país: Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings LLC (Gramercy), informó hoy el MEF.
Según la fuente, la notificación se refiere a supuestas posesiones de bonos de la reforma agraria.
"Este es el intento más reciente de desprestigiar al Perú tras intentos similares en el pasado y más que nada parece estar diseñado por Gramercy para llamar atención a sus intereses particulares durante el momento actual del país", afirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Al respecto, el MEF tiene los siguientes comentarios preliminares en este momento:
Programa de los Bonos de la Reforma Agraria
El Perú tiene un procedimiento administrativo de pago para los tenedores legítimos de los bonos de la reforma agraria que está avanzando en cumplimiento de la ley.
Los bonos de la reforma agraria se originaron en circunstancias particulares que atravesó el país en el año 1969. Los bonos se proporcionaron como compensación por tierras en virtud del Programa de Reforma Agraria.
Se dieron en el Perú, en la moneda local existente en ese momento, sujeto a la ley peruana y bajo la jurisdicción de las cortes peruanas. Son diferentes a los bonos soberanos globales contemporáneos.
Asimismo el Tribunal Constitucional emitió una Decisión en el año 2001, estableciendo que los bonos se debían pagar, sin especificar una metodología para ello. Posteriormente, el Tribunal Constitucional emitió una Decisión en el año 2013, estableciendo una metodología de valoración.
De igual modo ordenó el establecimiento de un procedimiento administrativo para procesar los bonos. La Decisión del Tribunal Constitucional sigue vigente y es vinculante por ley.
En ese sentido el MEF estableció debidamente un procedimiento administrativo abierto a los tenedores de bonos legítimos. El Perú instauró un equipo para que examine los bonos entregados por sus tenedores y desarrolló un protocolo especial y una base de datos para la autenticación de dichos bonos.
"El procedimiento administrativo prevé la autenticación y registro de los bonos de la reforma agraria, así como su valoración y pago. Durante los últimos dos años, cientos de tenedores de bonos han participado y más de diez mil bonos han sido autenticados. El Ministerio continúa desarrollando e implementando la siguiente fase en el procedimiento administrativo para facilitar la actualización y el pago de los bonos", añadió
Reclamos de Gramercy
Gramercy es un fondo de inversión en los Estados Unidos que dice que su misión es “explotar las oportunidades de inversiones en dificultades en los mercados emergentes”, y ha pedido al Perú llegar a un acuerdo de pago que se encuentra fuera del alcance de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y el procedimiento establecido.
Según Gramercy, el fondo adquirió aproximadamente 10.000 bonos de la reforma agraria entre los años 2006 y 2008. Gramercy ha optado por no participar en el procedimiento administrativo establecido para los tenedores de bonos. También ha desanimado a algunos tenedores de bonos peruanos a la participación en dicho procedimiento administrativo.
El APC Perú-EE.UU entró en vigor en el año 2009. Gramercy ha intentado utilizar su supuesta nacionalidad estadounidense para desarrollar las reclamaciones internacionales para su propio beneficio, reclamaciones que no están disponibles para los ciudadanos peruanos.
Gramercy entregó al Perú un documento preliminar titulado “Notificación de Intención” del 01 de febrero de 2016, en referencia al Tratado. Gramercy luego entregó al Perú otro documento preliminar titulado “Notificación de Intención”, también con fecha 01 de febrero de 2016, pero entregado el 15 de abril de 2016.
La Comisión Especial que Representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión, establecida en virtud de la Ley N°28933, invitó a Gramercy a participar en consultas en el marco del Tratado y la ley aplicable, reservando todos los derechos del Estado peruano. La Comisión ha participado en las discusiones y las comunicaciones con Gramercy de buena fe.
Durante las consultas de buena fe, el Perú también ha rechazado sistemáticamente las reclamaciones de Gramercy. Este quiere que el Perú haga caso omiso a la ley aplicable y que se le otorgue un tratamiento especial.
Gramercy no ha demostrado que es un inversionista legítimo que hizo inversiones legales en el Perú, o que tiene derecho a la jurisdicción en virtud del Tratado y tampoco ha demostrado que el Perú ha violado el derecho internacional.
"El Perú tiene una trayectoria excepcional en arbitrajes internacionales y ha vencido demandas valoradas en miles de millones de dólares y ha obtenido decisiones de más de cien millones de dólares a su favor. El Estado se defenderá vigorosamente", aclaró el MEF.
Campaña negativa de Gramercy
Gramercy no ha consultado de buena fe, por el contrario ha llevado a cabo una campaña negativa en busca de hacer daño al Perú y los peruanos.
Igualmente se negó a proporcionar información y documentación pertinente al Perú. Entre otras cosas, el Perú ha solicitado aclaraciones en relación con el cumplimiento de requisitos pertinentes del Tratado, y la información y documentación relativa a su supuesta tenencia de bonos.
Antes de hoy, el Perú no había recibido ni una sola copia de un solo bono supuestamente en poder de Gramercy. Las preguntas que el Perú ha planteado aún están pendientes.
Gramercy también ha llevado a cabo lo que el Wall Street Journal describió como una “campaña” contra el Perú. Gramercy atacó al Perú a través de la prensa durante las reuniones históricamente exitosas del Banco Mundial/FMI en Lima en octubre pasado.
También participó en una campaña prolongada en los medios internacionales y a través de diversos grupos de lobistas contratados para tal fin, a pesar de las reiteradas peticiones del Perú para un diálogo respetuoso y constructivo.
Además diseminó propaganda negativa con relación a la Decisión del Tribunal Constitucional, a pesar de que dicha decisión se mantiene en vigor, y la existencia de una investigación de reclamos de ese tipo demuestra que el Perú tiene un sistema basado en el estado de derecho.
De igual forma recurrió a las amenazas y chantajes. Gramercy exigió que el Perú firmara un acuerdo sesgado que haría que el Perú tenga que renunciar a sus derechos bajo el Tratado y amenazó con avanzar con su campaña negativa en caso el Perú no cumpliera.
Cuando el Perú no accedió, Gramercy trató de presionar a los representantes peruanos en reuniones internacionales, a través de campañas de desprestigio. Asimismo, cuando el Perú ofreció un acuerdo más equilibrado, Gramercy en seguida lo rechazó y exigió que el Perú implementara un decreto gubernamental de inmediato.
Buena gestión de la deuda soberana del Perú
El Perú mantiene su sólida reputación internacional como un país estable y responsable en el manejo de su deuda soberana, como se refleja en el grado de inversión del país dado por las agencias internacionales de calificación.
Como parte de su campaña negativa, Gramercy obtuvo y distribuyó a la prensa un informe sesgado escrito por un profesor que alega mala conducta del Perú en relación con su emisión de los bonos globales contemporáneos no relacionados con los bonos agrarios.
El Perú obtuvo un informe independiente de Paul G. Mahoney, un experto en derecho bursátil y el Decano de Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, una de las facultades de derecho más prestigiosas en los EE.UU. El Decano llegó a la conclusión de que no había ninguna base jurídica o fáctica en relación a las alegaciones específicas de Gramercy.
Los mercados internacionales y nacionales reconocen la solidez del manejo prudencial de las finanzas públicas del Perú, esto ha llevado a que los niveles de riesgo país sean menores a los de sus pares en la Alianza del Pacífico.
Además, la demanda por los bonos del Perú sigue siendo estable en los mercados nacionales e internacionales, llevando a que sus emisiones sean exitosas. De otro lado las agencias de calificación han continuado mostrando un fuerte apoyo al Perú emitiendo informes en que se reconoció y explicó los bonos de la reforma agraria, señalando el alto reconocimiento del Perú y su gestión de la deuda.
En febrero de 2016, el Perú emitió mil millones de euros en bonos globales en los mercados internacionales en moneda extranjera, de derecho extranjero y sujeto a la jurisdicción de cortes extranjeras, a diferencia de los bonos de la reforma agraria.
En marzo de 2016, Fitch reafirmó su calificación crediticia de la deuda soberana peruana, destacando, entre otras cosas, la consistencia de la política macroeconómica del Perú y la estabilidad financiera.
El Perú seguirá siendo un emisor confiable de bonos globales contemporáneos, y también seguirá implementando el procedimiento establecido para el pago de los tenedores de los bonos de la reforma agraria.
"Nuestro país defenderá su posición contra las pretensiones de Gramercy firmemente y en el marco de legalidad", finalizó.
(FIN) RGP/JJN
JRA
Publicado: 2/6/2016