Elecciones 2022: detectan maltrato contra la mujer en locales de votación de 7 regiones

También hubo discriminación hacia adultos mayores, menores, personas con discapacidad, afrodescendientes y LGBTI

La Defensoría del Pueblo también detectó propaganda electoral prohibida en más de 330 locales de votación supervisados. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui.

15:44 | Lima, oct. 2.

Durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales, en siete locales de votación ubicados en seis regiones, se produjeron casos de maltrato hacia las mujeres. También se registraron ocho situaciones de discriminación hacia personas adultas mayores; seis contra personas con discapacidad; cinco contra niñas o niños; tres hacia personas afrodescendientes; y una hacia personas LGBTI, precisó la Defensoría del Pueblo.

Las situaciones de maltrato contras las damas se reportaron en Lima (2), Áncash (1), Callao (1), Huánuco (1), La Libertad (1) y Tumbes (1).

Como en anteriores procesos –indica la Defensoría– se registró demora en la instalación de 91 mesas de votación por ausencia de las/los miembros de mesa titulares y suplentes, por lo que persona de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tuvo que apelar al apoyo de electoras/es que se hallaban en la cola, por lo que se retrasó el inicio del sufragio.

Hoy también se registraron cinco incidencias y acciones de violencia. Cuatro de ellas están relacionadas a la trashumancia electoral (votos golondrinos) y se registraron en Cajamarca, Huánuco y Áncash. La otra incidencia está vinculada a la exclusión de un candidato de la cédula de votación, en Ucayali.

Propaganda electoral

Por otro lado, a través de un segundo reporte, que recoge los resultados de la supervisión nacional realizada hasta el mediodía en 1,704 locales de votación, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que en 322 locales de votación se detectó la presencia de propaganda electoral en los exteriores; mientras que en 18 locales de sufragio se halló propaganda en el interior. Asimismo, en 58 puntos de sufragio hubo situaciones de apoyo a una determinada candidatura dentro o fuera del local.

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Asimismo, un total de 336 locales supervisados no contaba con rampas de acceso para personas con discapacidad. Del mismo modo, se pudo verificar que 119 locales no implementaron mesas de sufragio especiales para este sector de la población y en 62 locales no se contaba con plantillas braille para personas con discapacidad visual.

Entre otros aspectos, se pudo detectar también que en 129 locales de votación no se cumplió con implementar mesas temporales de sufragio ubicadas en los primeros niveles, para garantizar el derecho al voto de las personas adultas mayores.

Además, en tres locales se impidió el ingreso de votantes con alguna discapacidad con un/a acompañante y en 114 no se brindó atención preferencial a mujeres embarazadas, con hijas o hijos en brazos; así como a personas adultas mayores o con discapacidad.

Esta nueva supervisión agregó el recojo de información sobre determinadas situaciones que afectaron el derecho al sufragio, especialmente de las personas más vulnerables.

La Defensoría del Pueblo informó que para esta supervisión electoral se movilizó a cerca de 1,000 representantes, cubriendo así más del 60 % de las provincias del territorio nacional. El inicio de esta labor se inició el sábado 1 de octubre, a través de un desplazamiento por distintos locales de votación en los que se advirtieron incidencias relacionadas a falta de accesibilidad, deficiencias en los servicios públicos, presencia de propaganda electoral, entre otros puntos.

Adicionalmente, en horas de la noche del último sábado personal de la institución recorrió comisarías, sedes judiciales, carceletas y otros establecimientos para velar por el cumplimiento de las garantías previstas en la Ley Orgánica de

Elecciones sobre detenciones en horas previas a un proceso electoral.

Desde la convocatoria a elecciones, la Defensoría del Pueblo conformó un Comité de Supervisión Electoral, que ha desarrollado un plan de trabajo enfocado en la verificación de la labor de los órganos electorales conforme a la Constitución y a las normas, con el objetivo de garantizar el derecho al voto ciudadano, con especial énfasis en los sectores más vulnerables como las personas con discapacidad, población adulta mayor e indígena, entre otras.

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