Lima, ene. 16 (ANDINA).- Organismos de derechos humanos evalúan denunciar penalmente al prófugo ex presidente Alberto Fujimori ante la justicia japonesa, si el gobierno de ese país no responde en el primer trimestre de este año el pedido de extradición peruano.
Lima, ene. 16 (ANDINA).- Organismos de derechos humanos evalúan denunciar penalmente al prófugo ex presidente Alberto Fujimori ante la justicia japonesa, si el gobierno de ese país no responde en el primer trimestre de este año el pedido de extradición peruano.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Francisco Soberón, sostuvo que a solicitud de los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta denunciarán penalmente al ex mandatario peruano (1990-2000) por delitos de lesa humanidad en Japón.
"Vamos a esperar un plazo razonable, unos cuatro meses, para conocer los argumentos del gobierno japonés, y en función a ello sustentar la demanda penal contra Fujimori con mayor fuerza", adelantó en declaraciones a la agencia Andina.
Afirmó que esta posibilidad es totalmente independiente a la estrategia del gobierno peruano de llevar el caso Fujimori a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, si Japón no acepta el pedido de extradición.
"Llevar el tema Fujimori a un tercer país también es una opción que barajamos", añadió.
Soberón coincidió con el canciller Manuel Rodríguez Cuadros en que la respuesta de Japón al pedido de extradición no puede "ser indefinida".
"El gobierno japonés no nos puede estar meciendo de esa manera. Desgraciadamente no hay plazos en estos procesos, pero hay plazos razonables que todos los estados pueden esperar", añadió.
El activista de derechos humanos consideró que se debe exigir al gobierno nipón que responda lo antes posible, de forma clara y definitiva.
Fujimori vive en Japón, amparado en su doble nacionalidad, desde noviembre de 2000, luego que estallara un escándalo de corrupción en su gobierno protagonizado por su ex asesor personal Vladimiro Montesinos.
Perú envió a las autoridades japonesas, a fines de julio de 2003, una solicitud de extradición por delitos de lesa humanidad al estar implicado en el asesinato de 15 personas en una casona de la populosa zona de Barrios Altos (1991), y nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta
(1992).
Posteriormente, el gobierno peruano formuló a Japón un segundo pedido de extradición contra Fujimori por delitos de corrupción, falsificación y desfalco, al haber autorizado el pago irregular de una indemnización a Montesinos de 15 millones de dólares, en las postrimerías de su régimen.
(FIN) RRH/RMR
Publicado: 17/1/2005