Desde tempranas horas de hoy, personal del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional allanaron tres inmuebles de propiedad del gobernador electo de Tacna, Luis Torres Robledo.
La diligencia responde a la Resolución Judicial 04, emitida el 25 de noviembre por la sala de apelaciones que dirige el juez Pedro Franco Apaza. El documento autoriza el registro e incautación de bienes, documentos; así como el registro de las personas que estuvieran presentes en la vivienda.
El allanamiento estuvo dirigido por las fiscales Naydú Lazo Cuadros, Milagros Benavente Alfaro y Judith Álvarez Becerra, quienes realizaron las diligencias en tres inmuebles, ubicados en la Calle Cajamarma 1010, en urbanización Las Fresias E- y en el fundo Huaycullo lote 2-B en el distrito Pachía.
Los allanamiento son parte de la investigación, que se inició hace cuatro años, contra
Luis Torres Robledo, quien es
acusado de liderar la organización criminal los Limpios de Tacna, la cual habría direccionado la venta de terrenos de propiedad municipal a favor de terceros durante su gestión como alcalde provincial en el periodo 2015-2018. Por este caso, actualmente el electo gobernador cumple arresto domiciliario.
Caso los Limpios de Tacna
Las investigaciones por parte del Ministerio Público se iniciaron el 2016, luego de conocerse que la municipalidad provincial de Tacna vendió un terreno de más de 19 hectáreas a la asociación Los Chaskis I, este predio se vendió a precio social cuando no correspondía. El 2017, el concejo municipal anuló esta venta debido a observaciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por ello el presidente de dicha asociación, Alfredo Chamorro, advirtió ante los medios de comunicación que había entregado dinero a un grupo de regidores para la venta del terreno.
Desde el inicio de las investigaciones, la Fiscalía obtuvo audios de llamadas entre Chamorro y regidores de la comuna, lo que motivó que en noviembre del 2018 se ordenase la detención de Torres, regidores, funcionarios y del dirigente de la asociación Los Chaskis I, posterior a ello se dispuso prisión preventiva, la cual fue revocada en enero del 2019.
Sin embargo, se dispuso que Torres y otras tres personas estuvieran bajo arresto domiciliario, el cual vencerá en setiembre del 2023.