Diversas organizaciones campesinas e indígenas rechazan el proyecto de Ley aprobado, en abril, en el Pleno del Congreso, que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) y los incorpora al sistema de seguridad ciudadana.
Representantes de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC) y de la Confederación Nacional Agraria (CNA), consideran que dicha normativa representa una amenaza a la paz social, promoviendo la militarización de territorios de comunidades campesinas y nativas.
Este proyecto de Ley, al reconocer a los CAD como organizaciones de las comunidades campesinas, nativas y centros poblados rurales del país, las incorpora a su estructura orgánica, pasando por encima de su autonomía y sin que se haya realizado un proceso de consulta previa, señalan dichos colectivos.
Asimismo, los autoriza a adquirir armas de uso civil por compra o donación por parte del Estado o particulares, promoviendo la presencia de grupos armados en territorios indígenas y campesinos, así como posibles mercados ilícitos de armas que generarán violencia, indican.
Santos Saavedra Vásquez, presidente de la CUNARC, advirtió que esta Ley pretende debilitar y subordinar a las rondas campesinas, que cumplen un rol importante al brindar seguridad y justicia en diversas zonas del país, no tiene justificación.
“Las rondas campesinas fueron creadas por los propios pueblos para su autoprotección y siguen trabajando intensamente en muchas regiones (…) por eso exigimos que no se promulgue” precisó.
En la misma línea, Antolín Huáscar, presidente de la CNA manifestó que el proyecto, que no fue sometido a la consulta previa, es un desaire para el rol que cumplen los pueblos indígenas y originarios organizados en comunidades campesinas y comunidades nativas.
“Según la Constitución, las rondas campesinas, que son democráticas y pacíficas, tienen la prerrogativa de velar por la seguridad, justicia y paz social en las comunidades. Pedimos que se observe este proyecto”, señaló Huáscar.
Para ambas organizaciones, esta Ley constituye una violación a los derechos de sus pueblos, afectando sus procesos de autonomía y autogobierno, por lo que exigen al Ejecutivo que no sea promulgada.
(FIN) NDP/CVC
JRA
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Publicado: 4/5/2021