12:17 | Arequipa, oct. 26.
Al menos 350 evidencias, incautadas durante el operativo que se ejecutó en la madrugada del sábado 23 y que culminó con la detención del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y otras trece personas, son verificadas por especialistas del Ministerio Público.
Así lo informó el Ministerio Público que precisó que estas evidencias fueron incautadas durante la intervención a diversas viviendas y oficinas del Gobierno Regional de Arequipa.
El fiscal provincial Arturo Valencia Paiva de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, lidera el equipo a cargo de revisar lo incautado durante el allanamiento en las viviendas de los detenidos y las oficinas del Gobierno Regional, que consiste en diversa documentación, equipos celulares, memorias USB, entre otros.
Valencia Paiva comentó que a la labor que realizan los fiscales anticorrupción de Arequipa, se sumarán 25 fiscales del área penal que apoyarán, cinco por día, en las diligencias programadas, conforme a la disposición del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Santiago Irigoyen Díaz, y en atención a la política de la institución de lucha frontal contra la corrupción, que demanda sumar esfuerzos y un trabajo articulado.
La Fiscalía acusa a Elmer Cáceres Llica de liderar la presunta organización criminal "Los hijos del cóndor", dedicada a direccionar la ejecución de obras públicas a cambio de sobornos, así como a captar a consejeros y funcionarios regionales para obtener apoyo y evitar cualquier tipo de investigación a la gestión a cambio de beneficios económicos y laborales.
Los detenidos son acusados por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho pasivo impropio.
El Ministerio Público aseguró que continuará su trabajo a fin de esclarecer este caso por el que están detenidos hasta el momento, Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa, y los funcionarios Gregorio Urbano Palma Figueroa (gerente general del GRA), Marcelo Alberto Córdova Monroy (gerente ejecutivo de Copasa), Napoleón Segundo Ocsa Flores (gerente ejecutivo de Audotema), Javier Eduardo Rospigliosi Vega (gerente de Presupuesto, Planeamiento y Ordenamiento Territorial) y Wilfredo Leodán Llaiqui Cáceres.
También, Richard Edgard Calvo Ramos, Mario Jacobo Jacobo, presidente de la Asociación Agroindustrial, Pampas Bayas, y los policías, José Alberto Gómez Oviedo, y Alexander Román Martínez Rojas.
Por último, el Ministerio Público rechazó la divulgación de audios vinculados al caso, negando que ello se haya producido de parte de algún personal de la institución.
Al respecto, la fiscal superior, María del Rosario Lozada Sotomayor de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, solicitó informes para esclarecer lo ocurrido, considerando la reserva de toda investigación.
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(FIN) RMC/MAO
Publicado: 26/10/2021