Más de 1 500 casos de presunta corrupción o negligencia en la administración pública detectados por la Contraloría General de la República están pendientes de ser resueltos en el Poder Judicial y corren el riesgo de quedar en la impunidad por prescripción, advirtió hoy ese organismo de control.
Estos casos fueron detectados por la Contraloría General a partir de informes de control, entidad que pide una justicia efectiva no solo para sancionar a quienes delinquen sino también para desalentar las prácticas de corrupción.
En el periodo 2007-2016, la Contraloría General ha presentado 2 358 casos civiles y penales, de los cuales se han resuelto solo 824. A lo largo de los años, la brecha entre los casos presentados y resueltos ha ido incrementándose hasta llegar a los 1534 casos.
De las 2 358 acciones legales interpuestas contra funcionarios de los tres niveles de gobierno, 1326 corresponden a denuncias penales por presunta corrupción y 1032 son demandas civiles reclamando una indemnización a favor del Estado.
“La mayoría de estos casos no avanzan, siendo necesario adoptar medidas en el Sistema de Administración de Justicia. Esperamos la colaboración de jueces y fiscales, tanto a nivel individual como institucional, para que adopten las medidas que permitan reducir el plazo de las sentencias a niveles razonables”, indican.
Los sentenciados
De todos los funcionarios y servidores públicos denunciados penalmente por la Contraloría General, solo 648 fueron condenados por presunta corrupción en los últimos ocho años (2009 2016), de los cuales el 92 % recibieron prisión suspendida y están en libertad condicional, a pesar de haberse demostrado su culpabilidad en los tribunales.
Según el estudio realizado, 599 fueron sentenciados a condenas suspendidas y 49 a pena efectiva de cárcel.
Los delitos más comunes son peculado (42 %), colusión (23 %) y negociación incompatible (16 %), los cuales abarcan el 80 % de las sentencias condenatorias.
La Contraloría indica que los esfuerzos para agilizar la administración de justicia en estos casos pasan por comprender los informes de control, conseguir una alta especialización en los operadores del sistema anticorrupción, dotarlos de estabilidad y protección, entre otros.
Se existe que al cierre de este año la Contraloría obtenga un fallo favorable en el 77 % de procesos.
(FIN) NDP/ FHG/CCR
JRA
Publicado: 5/12/2016