Ante la proximidad de la emisión de un nuevo decreto de urgencia que reemplace al 003 para reactivar las obras paralizadas por casos de corrupción, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) señaló hoy que debemos luchar contra la corrupción, pero sin detener las grandes obras.
El presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, señaló que el Decreto de Urgencia 003 no funcionó porque existió obstaculización de las ex procuradoras y de algunos congresistas para que esta medida avance.
“La intervención de las ex procuradoras a la venta de activos (de Odebrecht) hizo que el DU no funcione y ello obstaculizó su avance, pues activos de grandes proyectos se hubieran vendido, se habría recaudado algo y no se hubieran roto las cadenas de pago”, dijo el presidente e AFIN, Gonzalo Prialé.
“Además a algunos congresistas no les importaba que las obras (asociadas al caso Odebrecht) se paren y lo que les importaba era que el país cobre”, dijo
Así si se hubiesen vendido los proyectos de Odebrecht en la central hidroeléctrica de Chaglla, en la empresa H2Olmos y en Chavimochic, por más de 2,000 millones de dólares, se hubiese podido retener un porcentaje de la venta a cuenta de la reparación civil y se tendría ciento de millones de dólares recaudados, refirió.
Reparaciones civiles
A continuación, señaló que la reparación civil de Odebrecht en Brasil fue de 2,400 millones de dólares pagaderos en varios años con el flujo que genere su actividad. “Los sobornos fueron 400 millones de dólares”, agregó.
En Perú se están planteando reparaciones civiles para con el Estado desmedidas por el caso Odebrecht, aseveró el líder gremial en el programa Mirada Económica de la Andina Canal Online.
Por ejemplo, se está proponiendo una reparación civil por tres proyectos por 1,100 millones de dólares, casi la mitad de lo que pagará en Brasil, donde tenía tal vez muchos más contratos que en Perú, dijo.
De esta manera, precisó que por el Gasoducto Sur Peruano, cuya inversión asciende a más de 7,000 millones de dólares por construcción, operación y mantenimiento, se propone una reparación civil de 460 millones de dólares.
Por la obra (vial) de Chacas en Ancash, cuyo contrato se inició en el 2010 y terminó en el 2013, y costó 200 millones de dólares, se está solicitando una reparación civil de 78 millones de dólares, dijo. “Es una obra pública sin peaje”, dijo.
En tanto que por la carretera IIRSA tramos 2 y 3, que está en fase de operaciones y mantenimiento por 12 años más, se está planteando una propuesta de reparación civil de 540 millones de dólares, mencionó.
Acá los ingresos que genera esta vía están en 12 millones de dólares anuales y en 12 años se recaudarían 144 millones de dólares, monto que no alcanzaría para pagar la reparación civil, ya que solo cubriría el 27 % de dicha reparación, explicó.
Además no es correcto que la reparación civil se haga sobre las adendas. “Eso es absurdo porque las adendas no sólo sirven para la corrupción, sino que son muchas veces son necesarias en las obras”, señaló.
“Entonces hay que tener cuidado con estimados exorbitantes, que son declarativos y que no se podrán cobrar y destruyen valor”, enfatizó.
A continuación, el presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, manifestó que la responsabilidad solidaria tampoco es buena porque todos responden por todo y serán pocos los que querrán financiar a las empresas.
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Mejoras a DU
Consideró que es necesario fijar plazos para lograr las ventas, fechas de corte de responsabilidad del comprador respecto al proyecto, fijar metodologías de cálculo de la reparación civil, entre otros.
Priále consideró además que los fideicomisos son quizás una opción para que las empresas inmersas en esta problemática puedan obtener financiamiento de la banca y mantener así, la marcha de sus negocios.
“Este DU se puede mejorar, pues estamos a mitad del río y no podemos cambiar de caballo, y se puede prorrogar. Debemos luchar contra la corrupción y lograr que los proyectos sigan”, concluyó
Actual DU 003 y vigencia
El objeto del actual DU 003-2017 es aprobar medidas que eviten la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas (APP) y la ruptura de la cadena de pagos que ponen en riesgo la economía del país por actos de corrupción.
El presente DU tiene vigencia de un año, es decir hasta el 13 de febrero entrante.
(FIN) MMG/JJN
Publicado: 2/2/2018