El exprocurador anticorrupción Iván Montoya sostuvo hoy que en la evaluación que hará el Poder Judicial sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht es un proceso jurídico y ajeno a cualquier influencia política.
"Es inevitable que el contexto político genere tensión y presión, pero el marco para resolver es bastante claro y no le permite al juez o a la jueza incorporar su propia percepción", señaló a la Agencia Andina.
Según explicó, la evaluación o control de legalidad está referida a si el acuerdo incumple o no el marco normativo y si sus términos resultan razonables y tienen eficacia para la investigación y el juicio oral.
"El control de legalidad es más un proceso jurídico que político", enfatizó Montoya.
Para el exprocurador, la jueza a cargo probablemente pedirá una audiencia en la cual solicitará aclaraciones o precisiones al Ministerio Público y posteriormente lo declare legal y razonable, y por tanto válido.
"Más allá de que se considere que la reparación civil no es la óptima, sí es razonable, y los términos de colaboración en los
cuatro proyectos de Odebrecht, sin descartar que se amplíe a otros, están también dentro de lo razonable", remarcó.
Bajo esa premisa, Montoya consideró que el acuerdo cumple el marco normativo del Código Procesal Penal y tiene ya algunas eficacias o efectos, al permitir el esclarecimiento en varios puntos y encaminar una cadena de colaboración de otros actores.
No obstante, refirió que también puede darse el escenario en que las precisiones que la juez solicite no sean aclaradas y el acuerdo no le resulte razonable argumentando un desbalance entre lo que obtiene el Estado y lo que reciben los colaboradores como beneficios.
El exporocurador dijo esperar que la evaluación no dure más de un mes.
"La decisión sobre el acuerdo será muy importante porque si lo valida se convertirá en un elemento de prueba a incorporar en las próximas etapas del juicio oral", subrayó.
(FIN) VVS/CCR
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Publicado: 26/3/2019