El Ministerio del Ambiente (Minam) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a través de su Centro para la Conducta Empresarial Responsable (CER), ejecutarán una cooperación a fin de fomentar el aprovechamiento de la base de recursos naturales bajo estándares de transparencia, sostenibilidad, responsabilidad y respeto de los derechos humanos mediante la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA) del Viceministerio de Gestión Ambiental.
Dicha cooperación implica compartir las mejores prácticas en la prevención de delitos ambientales, brindar asistencia técnica en la elaboración de la estrategia nacional de prevención y lucha contra los delitos ambientales en el Perú, aplicación del enfoque de debida diligencia, derechos humanos y medio ambiente en el sector extractivo;, y contribuir a fortalecer los estándares en materia de personas defensoras ambientales, entre otros.
Dicha acción contempla el fortalecimiento de capacidades y el intercambio con países sobre buenas prácticas facilitados por el gobierno de Perú, el Centro de la OCDE para la CER y otras organizaciones internacionales, como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) , la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras.
Al respecto, la viceministra de Gestión Ambiental, Elizabeth Silvestre, destacó que el objetivo de este esfuerzo conjunto contribuye a la implementación de la Política Nacional del Ambiente respecto a la necesidad de una gestión ambiental sostenible de nuestros ecosistemas, así como al respeto a los derechos de las personas que se dedican a proteger los componentes del ambiente.
Por su parte, la UNIDA destacó que dicha cooperación permitirá fortalecer los lazos con el sector empresarial y avanzar en la aplicación del enfoque de debida diligencia en materia ambiental y derechos humanos y promover un comercio internacional de recursos naturales que aseguren la aplicación de los mejores estándares ambientales y sociales.
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