El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, sostuvo hoy que la seguridad jurídica a la titulación de las tierras de las comunidades indígenas aliviará las tensiones sociales en el interior del país, y descartó que la Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, afecte a las comunidades indígenas.
“Cuando demos seguridad jurídica en la titulación de la tierra indígena con seguridad para que ellos puedan tenerlo, yo creo que aliviaremos mucho las tensiones sociales”, afirmó.
Refirió que que esta norma, Ley 30327, aprobada recientemente en el Congreso, favorece la conservación del medioambiente.
Indicó que la norma tiene dos grandes partes, la primera que fortalece al Servicio Nacional de Certificación Ambiental, la “ventanilla única” y la Certificación Ambiental y Global.
“Y una segunda parte que tiene que ver con servidumbres y derechos de vía, que son los actos jurídicos que celebra cualquier inversionista cuando necesita ingresar a una zona que sea tierra de terceros”, agregó.
Pulgar-Vidal señaló que algunas representantes de los pueblos indígenas plantearon sus temores en relación a algunos artículos de la ley, especialmente a uno, dado que estimaban que se les privaría de sus tierras porque decía que “las tierras que no tienen ninguna titularidad de propiedad o posesión, son del Estado”.
Indicó que en el debate en el Congreso, antes de la aprobación de la Ley, se introdujeron precisiones recomendadas por la propia Defensoría del Pueblo, “justamente para eliminar” cualquier referencia o posibilidad que se afectase las tierras de los pueblos indígenas.
“Las precisiones son de tal naturaleza que esto no se aplican en caso de tierras indígenas, o incluso en caso de servidumbres, se dice que las servidumbres señaladas en esta ley no se aplican para tierras indígenas, en cuyo caso se aplican las leyes que vienen del año 1995”, precisó en RPP.
Asimismo, recordó que hoy se celebra el sexto año de los luctuosos sucesos de Bagua, donde murieron 33 personas, que da pie a reconocer que los pueblos indígenas “tienen una preocupación” derivada de la manera cómo la Constitución trata los recursos naturales.
Señaló que la titulación de las tierras indígenas se da sobre su asentamiento y actividad agraria que realizan, mientras que se da en cesión de uso los bosques, porque son patrimonio de la Nación y no pueden ser privatizados, una situación que no es mala voluntad sino es un tratamiento constitucional.
“Los pueblos indígenas consideran que esa cesión en uso es un título muy débil para asegurar su permanencia en el tiempo, en algún momento nos merecemos una discusión sobre cómo podemos mejorar”, agregó.
Por otra parte, consideró un error del proceso de descentralización haber transferido tan rápidamente las facultades de gestión forestal a los gobiernos regionales, porque se han producido “serios casos de corrupción o mal manejo”, dado que no estaban preparados para manejar esta gran competencia forestal.
(FIN) MDV/FHG
Publicado: 5/6/2015