El Poder Judicial, mediante la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, declaró improcedente la solicitud para transferir de Ayacucho a Lima el proceso seguido contra Adriano Pozo Arias, presunto agresor de la joven Arlette Contreras Bautista.
Esta decisión fue adoptada porque el caso es tramitado en
Ayacucho con las normas del nuevo Código Procesal Penal, que no rige en Lima para feminicidio y violación sexual, por lo que, de declararse fundada la transferencia,
ningún órgano jurisdiccional podrá conocer el proceso.
Según la resolución, el referido proceso en Ayacucho se encuentra en etapa final de juzgamiento, “por lo que no es prudente ni racional transferir el proceso al Distrito Judicial de Lima”.
El escrito indica, además, que la defensa de
Arlette Contreras no pudo probar que existan circunstancias insalvables que impidan o perturben gravemente el normal desarrollo del juzgamiento en Ayacucho (amenaza de muerte a los jueces o fiscal, fenómenos naturales, amenaza a testigos, etc.).
Se resolvió, en tal sentido, que los motivos alegados por la agraviada “no constituyen causales de transferencia de competencia” estipuladas en el artículo 39 del Código Procesal Penal.
Respecto a la seguridad de Arlette Contreras, el tribunal subrayó que ella dispone de mecanismos legales como la protección policial, el ocultamiento de su paradero, la utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual en las diligencias y otros.
Por último, indicó que la agraviada tiene expedito su derecho de formular las recusaciones o inhibiciones que correspondan.
“Además, existe la garantía constitucional de pluralidad de instancia”, se remarcó el fallo.
La sala está presidida por el juez supremo, César Hinostroza Pariachi; y conformada por los magistrados Carlos Ventura Cueva, Iris Pacheco Huancas, Luis Cevallos Vegas y Zavina Chávez Mella.
(FIN) NDP/MVF/SMA
También en Andina:
Publicado: 19/5/2017