Las empresas deben implementar Protocolos de Prevención Anticorrupción (Compliance), para evitar pérdidas por actos de corrupción que puedan ser cometidos por sus directivos o funcionarios, indicó el TPC Group.
La razón del surgimiento del Compliance deviene como parte de los requisitos para que Perú pueda ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por ello, se promulgó el año pasado una modificación a la Ley que regula la Responsabilidad en las Personas Jurídicas para ampliar sus efectos a los delitos de Cohecho Activo Genérico y Específico, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El presidente del TPC Group, Carlos Vargas, indicó que el “tema relevante” en esta nueva legislación anticorrupción es la adopción e implementación en las empresas privadas y públicas, de un Protocolo de Prevención Anticorrupción (Compliance).
“El principal objetivo es eliminar la responsabilidad administrativa que le pueda caber a esas empresas por los delitos de corrupción cometidos por sus socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales, apoderados y otros”, precisó.
Legislación en vigencia
Vargas refirió que a partir del presente año, las empresas o entidades jurídicas podrían ser incorporadas como parte de un proceso penal, si es que la Fiscalía determina que la empresa no cuenta con su Compliance y Compliance Officer (funcionario encargado de prácticas anticorrupción).
“En Chile, México, España, Estados Unidos e Inglaterra rige esta legislación anticorrupción y Perú se ha puesto al nivel de los países que utilizan estos instrumentos jurídicos internacionales en materia de lucha contra la corrupción”, destacó.
De otro lado, Vargas indicó que el costo económico de la corrupción no es sólo el monto sustraído al Tesoro Público, sino también la corrupción que pudiera haber en sectores privados, lo cual enrarece la percepción que los inversionistas, sobre todo los extranjeros, tienen acerca del ambiente para negocios.
TPC Group refirió que según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo del 2017 el costo de la corrupción en el Perú es de 12,600 millones de soles anuales, monto que representa aproximadamente el 10% del presupuesto nacional.
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Publicado: 12/2/2018