La Defensoría del Pueblo solicitó hoy que se retome la agenda pendiente en relación a la aprobación de una nueva ley que permita garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.
La institución recordó que este sector de la población enfrenta una serie de obstáculos y que su situación se ha agravado en el estado de emergencia que actualmente vivimos.
Cabe recordar que el Estado peruano, el 2018, ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual entró en vigor el 2019. Sin embargo, a la fecha, aún no se ha aprobado una nueva ley en el marco de este instrumento jurídico.
Este establece que las trabajadoras del hogar deben gozar de los mismos derechos que sus pares del régimen privado, como jornadas laborales razonables, cobertura básica de seguridad social, información clara sobre condiciones de empleo, los derechos que les asisten, entre otros.
En ese sentido, es imprescindible la aprobación de una nueva ley que reconozca un régimen de salario mínimo, un contrato escrito, una edad mínima para trabajar, los derechos a vacaciones, gratificaciones, CTS y trabajo en días feriados, además de la protección frente a despidos arbitrarios e injustificados.
Añadido a ello, debe garantizar el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de violencia
y discriminación, ya que históricamente las trabajadoras se han visto afectadas por prejuicios, discriminación y violencia en todas sus formas.
La Defensoría del Pueblo ya ha manifestado su preocupación por la situación actual que enfrenta este grupo de trabajadoras en el estado de emergencia, puesto que la falta de reconocimiento de sus derechos se ve reflejado en tratos abusivos por parte de sus empleadores.
En específico, algunas han sido obligadas a tomar vacaciones, despedidas arbitrariamente o expuestas a situaciones de violencia sexual.
En ese sentido, en el marco del Día Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, solicitamos al Parlamento priorizar en su agenda la aprobación de esta nueva ley que permita salvaguardar los derechos de alrededor de 496,000 personas que se dedican a esta labor.
"Esta es una obligación internacional pendiente del Estado peruano", señaló la Defensoría.
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(FIN) NDP/ART
Publicado: 30/3/2020