La procuraduría del Ministerio del Interior presentó hoy ante la Fiscalía una ampliación de denuncia contra el dirigente José Julio Gutiérrez, implicado en un audio en el que estaría negociando la protesta de Islay, y pidió que sea detenido, informó hoy el titular de este sector, José Luis Pérez Guadalupe.
"No debemos esperar a que la Fiscalía asuma el pedido que hoy formuló el procurador, de oficio que pidan cuanto antes al juez la detención de este delincuente. Hace cuatro años que la justicia lo declaró culpable, pero está con pena suspendida. Si se hallara en la cárcel no estaríamos sufriendo todo eso", indicó.
Sostuvo que el audio en que se le escucha al presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo hablar de dinero a cambio de levantar la medida de fuerza en contra de Tía María es "vergonzoso" y evidencia que las motivaciones de este dirigente "no han sido económicas ni ecológicas, sino lucrativas".
Por ello instó a los alcaldes de la provincia de Islay a asumir el liderazgo de este conflicto, convertirse en intercolutores del mismo y retomar el diálogo con el Ejecutivo para frenar la violencia que se vive en la zona.
"No se dejen llevar por este dirigente que trafica con la vida, los heridos, con la escuela de los niños que están a punto de perder el colegio, no se dejen manipular; ya quedó claro quién es, se trata de un sentenciado a cuatro años. Que los alcaldes asuman el liderazgo y dialoguen", refirió.
Apuntó que el Gobierno no descarta ninguna medida para retomar el orden en esta provincia que hace 47 días enfrenta hechos de violencia, razón por la cual ayer se reunió el Consejo de Estado, con la participación del fiscal de la Nación.
"El Perú quiere paz y desarrollo, no violencia ni ladrones que se enriquezcan a costa de los muertos", aseveró.
Refuerzan seguridad
Explicó que la Policía Nacional ha desplazado hoy a la zona a 500 policías que permitieron despejar los bloqueos de la vía Maratani-Mollendo, y que tienen además un contingente de reserva de otros 1,500 efectivos para renovar a los agentes que se encuentran en la zona.
El desplazamiento de las fuerzas del orden, aseguró, ha generado hasta ahora un gasto de tres millones de nuevos soles, además de complicaciones en la seguridad ciudadana, ya que se debe movilizar a personal de distintas dependencias.
"Por eso, espero que caiga todo el peso de la ley sobre estos extorsionadores y dirigentes disfrazados de antimineros, el Tambo es un valle próspero que está a punto de perder su cosecha y hay gente atemorizada que va a refugiarse en Arequipa, todo eso no se puede permitir", puntualizó.
(FIN) FHG/FHG
GRM
Publicado: 8/5/2015