El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) intensificará en el 2022 sus acciones destinadas a reducir el hacinamiento en los penales, para lo cual explora la posibilidad de recurrir al mecanismo de obras por impuesto con el fin de construir más cárceles, sostuvo la jefa de la entidad, Susana Silva Hasembank.
En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, la funcionaria esbozó los principales esfuerzos que marcarán la gestión institucional el próximo año, entre los que figuran disminuir la sobrepoblación de internos, lo cual “pasa por varias medidas”.
Proyectos
“Todo el 2021 nos concentramos en el control de la pandemia, lo hicimos bastante bien y vamos a continuar lógicamente con esa política, pero el 2022 queremos enfatizar mucho en la reducción del hacinamiento”, aseveró.
Una primera medida, dijo, es construir más penales. “Estamos elaborando toda una cartera de proyectos para requerir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su momento, que nos proporcione el presupuesto necesario no solo para ejecutar las obras, sino también para todos los expedientes técnicos y el personal necesario en nuestra Área de Infraestructura”, precisó.
Silva informó que el Inpe coordina con especialistas que trabajan el tema de lo que es obras por impuestos. Debido a que los proyectos de inversión pública demoran mucho, una alternativa que buscamos, que exploramos, en las conversaciones es apelar a las obras por impuestos para construir más rápido los penales y de esta manera bajar sustantivamente el nivel de hacinamiento”, recalcó.
En la misma línea de reducir el hacinamiento, aseguró que se dará un mayor impulso al mecanismo de la vigilancia electrónica personal. La institución, declaró, se encuentra en pleno proceso para firmar nuevos contratos del servicio.
“Para tal fin, coordinamos fluidamente con el Poder Judicial porque esta institución es la que impone la utilización de los grilletes y nosotros obviamente ofrecemos la capacidad operativa para ponerlos en funcionamiento”, aseguró.
La presidenta del Consejo Nacional Penitenciario resaltó que se busca consolidar este sistema de vigilancia electrónica y asegurar que empiece a funcionar de una manera más intensa con el fin de que posibilite disminuir la sobrepoblación en los penales.
“Nos vamos a concentrar muy fuerte en el tema de reducir el hacinamiento para cumplir también con lo que estableció el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en el nivel de sobrepoblación que existen en los penales”, subrayó.
Silva recordó que dentro de esta política de atender derechos fundamentales, este año se reordenó también a la población femenina en distintos penales porque estaba muy hacinada.
“Si bien existe un hacinamiento en todos los penales, sin embargo, en el caso de las mujeres se advertía que el nivel de precariedad en las condiciones de vida era mucho mayor del que tenían los varones”, recalcó.
Por ejemplo, detalló, se las sacó del penal de Picsi (Lambayeque) y ubicó en el establecimiento penitenciario de Pacasmayo (La Libertad) que se habilitó para que cuenten con mejores condiciones.
“En otros penales, como el de Chimbote, se inauguró un nuevo pabellón para las mujeres que vivían en condiciones realmente preocupante”, anotó.
Módulos
Silva indicó que otro aspecto en el cual se concentrará su gestión en el 2022 será generar dentro de los establecimientos penitenciarios módulos virtuales de atención de los procesos judiciales que afrontan los internos.
“Ellos tienen obviamente procesos penales, pero no solo los que se ven en el Poder Judicial, sino que a veces requieren también de información del Ministerio Público, sobre el estado de una determinada denuncia, y del TC porque presentaron causas ante este colegiado”, explicó.
Por lo tanto, resumió, el objetivo es generar módulos virtuales en todos los establecimientos penitenciarios de manera que los internos puedan acceder mediante una computadora a sus causas, obviamente con las medidas de seguridad respectivas.
“Hace poco inauguramos un piloto en Arequipa, pero la idea es que se sumen otras plataformas de información, no solo la del Poder Judicial, sino también la del TC, Fiscalía y, por qué no, de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para cuando algunos internos necesiten acceder a información de esta institución”, señaló.
Fortalecimiento de medidas
Susana Silva precisó que otra línea de acción en la que se enfocará la gestión el 2022 será el fortalecimiento de las medidas para hacer frente a la corrupción. “Este año habilitamos el uso del polígrafo, lo cual es totalmente nuevo y hoy las personas que contratamos, sobre todo en posiciones como por ejemplo un director de penal o de administración, deben pasar sí o sí por el polígrafo”, aseguró.
“Es más, el candidato a una designación de un puesto de confianza tiene necesariamente que pasar de manera positiva por el polígrafo, sino no pongo mi firma en la resolución. Esta acción es muy importante para ordenar y saber admitir o rechazar al personal. Obviamente, se incrementará el otro año”, enfatizó.
La funcionaria refirió que en el presente año se establecieron una serie de disposiciones en materia de lucha contra la corrupción, las cuales alcanzaron “un nivel de intervención muy potente” frente a las eventuales irregularidades.
“En el caso del Inpe, tuvimos históricamente varios casos que remecieron las estructuras de la administración penitenciaria. Pero lo que hicimos fue coger el toro por las astas de manera que nos adelantamos a muchos de los hechos”, manifestó.
Frente a las denuncias, dijo, inmediatamente acudimos a la Fiscalía y articulamos acciones para determinar las responsabilidades. “Por ejemplo, así actuamos en el caso del penal Miguel Castro Castro cuando descubrimos que había no solo celulares, sino también routers en el interior”, anotó.
“Entonces, aunado a este tipo de acciones directas con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutamos intervenciones conjuntas en los distintos establecimientos penitenciarios para determinar irregularidades”, puntualizó.
Fono
0800-1-5024 es la línea gratuita del Inpe para que la ciudadanía denuncie actos de corrupción.