Cerrando un periodo de 31 años en el que la Policía Nacional del Perú (PNP) tomó el control de los penales del país, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) asumió la dirección del penal Sicuani, ubicado en la región Cusco, el último recinto que quedaba pendiente por transferir.
Hasta ayer el penal de Sicuani tuvo como director al Brigadier PNP Hermógenes Pérez Sánchez, pero ahora el nuevo director es el señor Mario Villafuerte Zárate, funcionario del Inpe, quien asume el reto de dirigir dicho recinto penal tomando el control de la seguridad interna y externa con su personal.
El penal de Sicuani tiene una población de 164 internos y un personal de seguridad compuesto por 45 servidores. Además, cuenta con talleres de Telares, Cueros, Sastrería y Carpintería en los que participan 110 internos.
En la ceremonia de transferencia, el presidente del Inpe, Carlos Vásquez Ganoza, recibió simbólicamente las llaves del penal en el patio principal. Indicó que es significativa la transferencia pues devuelve a la sociedad más personal policial para reforzar la seguridad ciudadana.
Asimismo, informó que aún quedan pendientes 24 penales en los que la PNP está a cargo de la seguridad externa. “Este año relevarán dos recintos penales gracias a coordinaciones con el ministerio del Interior y la Dirección de Seguridad de Penales”, precisó.
El funcionario anotó que suman 300 efectivos policiales liberados de la función de seguridad, puestos de servicio asumidos actualmente por personal penitenciario.
Luego de la ceremonia, el presidente del Inpe, acompañado de Javier Llaque Moya, vicepresidente de la institución; Rubén Ramón Ramos, director de tratamiento penitenciario, así como Eduardo Tello, jefe de infraestructura del Inpe, recorrieron las instalaciones del penal Sicuani e ingresaron a los ambientes de los talleres laborales para realizar una inspección y conversar con la población penal.
El presidente del Inpe anunció, finalmente, que en el penal de Sicuani se impulsará la política de
Cárceles Productivas para convertir a los establecimientos carcelarios en centros de producción, a fin de contratar la mano de obra de los internos gracias a la intervención de la empresa privada.
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