14:49 | Lima, jun. 24 (ANDINA).
Cerca de 16 millones de personas en todo el país habitan más de cuatro millones de viviendas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad, donde pueden ocurrir eventos naturales que ponen en riesgo sus vidas y la mayoría de estas están asentadas en la costa y especialmente en Lima y Callao.
Además, solo en Lima Cercado existe un total de 754 inmuebles declarados patrimonio cultural, de los cuales 608 están en riesgo de colapso; y 555 son utilizados como viviendas, lo que representa más de cinco mil personas que viven en permanente peligro y que podrían ser contadas entre las víctimas mortales en caso de un sismo de magnitud.
Estas cifras forman parte de un consolidado estadístico trabajado por la Comisión Especial de Defensa Civil del Congreso de la República, que preside el legislador Luis Gonzales Posada, y que ha sido elaborado en base a información del último censo nacional y de entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci); el Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), así como la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo.
El pre informe fue presentado hoy en una sesión de la citada comisión especial, en la que se detalló que de los casi 16 millones de personas que viven en zonas de alto riesgo de desastre natural, 11 millones 912 mil personas viven la costa, la mayoría en Lima y Callao.
Mientras que en la sierra hay tres millones 834 mil que habitan lugares de mucho riesgo y en la selva hay 195 mil 284 habitantes en esa condición.
Además, el documento señala que de los seis millones 400 mil viviendas existentes en el país, un total de tres millones 408 mil predios, es decir el 53 por ciento, no están construidas con ladrillo ni cemento, es decir que están en condiciones de precariedad, en tanto que dos millones 779 mil no tienen ningún tipo de piso.
Asimismo, hay 349 mil viviendas que son producto de invasiones, asentadas en su mayoría en zonas donde suelen caer huaycos, con el consiguiente peligro que esto implica.
“Estos números deben llamar a la reflexión a las autoridades municipales y regionales, para que asuman su responsabilidad y planifiquen el desarrollo de manera correcta y ordenada, no autorizando más la creación de nuevos asentamientos humanos en lugares alto riesgo”, sostuvo el congresista Carlos Cánepa, integrante de la mencionada comisión.
Lo que podría ocurrir
Gonzales Posada anotó que es importante que se tenga en cuenta las cifras expuestas para que se tomen medidas que permitan evitar o amortiguar las consecuencias de grandes dimensiones en caso de ocurrir un sismo de gran magnitud.
Al citar los documentos con los que ha trabajado la Comisión, el legislador indicó que de ocurrir un evento sísmico de ocho o más grados en la escala de Richter en las actuales condiciones ocasionaría que 15 mil 019 personas fallezcan, 686 mil resulten heridas, es decir, un total 737 mil afectados.
También provocaría que 200 mil 347 viviendas queden destruidas y 348 mil 329 resulten dañadas, lo que hace un total de 548 mil 676 casas afectadas.
El congresista recordó que otros desastres naturales han tenido un impacto muy fuerte en cuanto a pérdida de vidas humanas pero también en pérdidas económicas.
Refirió que el terremoto de 1970 dejó pérdidas económicas del orden de los 550 millones de dólares, mientras que en el registrado en el sur el año 2007 se perdieron por lo menos, 350 millones de dólares.
Por su parte, la sequía de 1992 significó una pérdida de 250 millones de dólares, pero el más perjudicial fue el Fenómeno del Niño, que se presentó entre los años 1997 y 1998, que produjo pérdidas por tres mil 500 millones de dólares.
Propuestas normativas
Gonzales Posada informó que simultáneamente a esta recopilación estadística se han trabajado varios proyectos de ley que permitirían mitigar las consecuencias de un desastre natural.
El primero de ellos está referido a la denominada Ley de Solidaridad, que espera la aprobación del pleno del Parlamento y que establece que una región del país que cuente con recursos pueda ayudar a otra que sufra los embates de la naturaleza y que no tenga medios económicos.
Otra propuesta legislativa señala que se debe declarar de necesidad e interés público la intervención de los inmuebles declarados patrimonio cultural para su recuperación y puesta en valor.
Además, se propondrá la modificación de la norma sobre licencia de funcionamiento de locales “para que nunca vuelvan a abrirse establecimientos de diversión que funcionen sin ningún control y donde pueden ocurrir tragedias”.
Asimismo, se presentarán dos proyectos de ley referidos a gestión de desastres y al reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo.
Finalmente, Gonzales Posada agregó que se entregará toda esta información a los candidatos a la Alcaldía de Lima para que lo consideren e incluyan medidas y acciones en sus planes de gobierno.
(FIN) ART/LZD
Publicado: 24/6/2010