El Pleno del Congreso aprobó esta noche por mayoría el dictamen que dispone la obligación de los candidatos de incluir en sus hojas de vida la relación de sentencias condenatorias por delitos dolosos, demandas por violencia familiar, así como su declaración jurada de bienes y rentas.
La nueva ley será obligatoria para los candidatos a presidente y vicepresidentes de la República; congresistas y al Parlamento Andino; así como para los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales; y alcaldes y regidores municipales.
Una de las novedades de la norma es que permite al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retirar la candidatura del postulante que omita consignar esas sentencias, así como la declaración de bienes y rentas.
Asimismo, deberá incluir las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
También serán retiradas las candidaturas de quienes omitan consignar en la hoja de vida las sentencias firmes que declaren fundadas demandas por incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, contractuales o laborales, o por violencia familiar.
La exclusión de esas candidaturas deberá hacerse hasta diez días antes del proceso electoral y solo podrá ser reemplazado en caso su retiro se lleve a cabo antes de vencerse el plazo para la inscripción de las listas de postulantes.
En caso proceda la exclusión y hubiese transcurrido el plazo para verificar la omisión o falsedad, el JNE deberá remitir los actuados al Ministerio Público.
Según Cristóbal Llatas, presidente de la Comisión de Constitución, que dictaminó el proyecto, esta norma busca contribuir a que la ciudadanía conozca todos los antecedentes de los candidatos para que así pueda definir con mayor certeza su voto.
De ese modo, el objetivo es evitar candidaturas no idóneas y la elección de autoridades con antecedentes negativos.
Las hojas de vida son un mecanismo innovador diseñado con la finalidad de combatir la elección a cargos de elección popular de ciudadanos con antecedentes penales o sentencias condenatorias por delitos.
Antes de un proceso electoral, todos los postulantes deben entregarla ante el JNE, tribunal electoral que las pone a disposición de la ciudadanía a través de su
web, a fin de que puedan ser cotejadas y fiscalizadas.
Por otro lado, el Pleno del Congreso debatió por segunda vez el texto sustitutorio del dictamen que plantea medidas excepcionales para el cumplimiento de la Ley del Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, con el fin de otorgar predictibilidad al gasto público y mantener el crecimiento económico del país en el mediano y largo plazo.
No obstante, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Rubén Condori, pidió un cuarto intermedio para mejorar el texto de la ley con las sugerencias de los parlamentarios.
Ante ese pedido, la titular del Congreso, Ana María Solórzano, suspendió la sesión.
(FIN) CCR
Publicado: 23/4/2015