Los altos directivos de la refinería La Pampilla de Repsol investigados por el derrame de petróleo en la costa central del Perú podrían recibir hasta siete años de pena de cárcel, dijo hoy el procurador público del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio César Guzmán.
El representante del Minam explicó que si bien el proceso se inicia por el delito de contaminación en su tipo base, éste tiene agravantes, como cuando el investigado brinda información falsa que impida la detección del desastre o que complique la investigación.
"Pareciera, y esta debe ser una de las líneas de investigación que el Ministerio Público probablemente desarrolle, que la empresa no está dando la información fehaciente que debería proporcionar. Esto agrava la pena y esta pena podría llegar hasta los 7 años de prisión efectiva para los cuatro funcionarios", dijo Guzmán en RPP.
Al respecto, Guzmán dijo que como la defensa técnica de los investigados se ha allanado al pedido del Ministerio Público, es inminente que mañana viernes se acepte el pedido de la Fiscalía. "Además, es lógico pues deben tener este arraigo para que se produzcan el esclarecimiento de los hechos".
Remarcó la necesidad de que en este caso se pretendan demandas indemnizatorias ejemplares, a fin de que las empresas que operan en actividades altamente riesgosas inviertan más en el control de sus riesgos y respeten la norma jurídica ambiental.
"Si hubiésemos sido serios en el cumplimiento de la norma, no tendríamos este derrame ni los que ocurren en la Amazonía. Se trata de normas que intentan controlar los riesgos en actividades altamente riesgosas. Pero si no la cumplen porque es más barato pagar multas (...)".
Asimismo, el procurador mencionó que las sanciones por el desastre ecológico producto del derrame del petróleo se plantearán a través de la demanda de una indemnización civil, independientemente del proceso penal y administrativo sancionador. "El problema es que el daño todavía no ha sido controlado, es un daño irreversible y dinámico".
Dijo también que expertos biólogos y peritos en evaluaciones están calculando los daños no solo en el mar, en la fauna y en el fondo marino sino los daños colaterales, como el turismo, los restaurantes, la venta de pescado, entre otras personas cuyas actividades se verán afectadas por el derrame del crudo.
Aseguró que, para poder avalar el pago de la reparación civil, incluso el Estado puede ir a los activos de la empresa. "En el proceso de indemnización lo que discutimos son montos pecuniarios, dinero, y para avalar el pago de la reparación civil incluso podemos ir sobre los activos de la empresa mediante medidas cautelares".
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(FIN) RRC
Publicado: 27/1/2022