El gobierno peruano propuso hoy reformar la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para eliminar la interferencia de los Estados o intereses políticos en la tutela de los derechos humanos.
Ginebra, mar. 14 (ANDINA).- El gobierno peruano propuso hoy reformar la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para eliminar la interferencia de los Estados o intereses políticos en la tutela de los derechos humanos.
El planteamiento presentado por el canciller Manuel Rodríguez Cuadros incluye una nueva composición del organismo para que deje de estar integrado por representantes gubernamentales y pase a ser conformado por expertos independientes
“Nos preocupa observar que en los últimos años ha habido Estados que se han hecho partes de la Comisión, no para afianzar los derechos humanos sino para protegerse contra críticas o para criticar a otros”, manifestó durante su intervención en el Sexagésimo Primer Período de Sesiones de dicha comisión, en Ginebra (Suiza).
El canciller recomendó que la nueva comisión esté conformada por 53 expertos, 40 de ellos electos por los Estados miembros de la ONU en la Asamblea General y 13 por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De esta manera, indicó, se pretende que las víctimas cuenten con un sistema de protección de las Naciones Unidas en el que las decisiones se adopten con criterio de conciencia e independencia.
Precisó que el planteamiento peruano de reformar a la Comisión de DDHH de la ONU se basa en las conclusiones del grupo de alto nivel sobre las amenazas, desafíos y el cambio convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas.
Dicho grupo concluyó que el sistema de tutela de la Comisión de Derechos Humanos ha perdido legitimidad, autoridad, e impacto real en la defensa de los derechos humanos de las víctimas.
“La tutela de los derechos humanos requiere imparcialidad, celeridad y eficacia”, remarcó el diplomático peruano.
La iniciativa también contempla que la Comisión se encargue de la recepción de comunicaciones o denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del mundo, presentadas por las víctimas, sus familiares, organizaciones no gubernamentales y los Estados.
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