El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, afirmó hoy que no están judicializando la política al solicitar la suspensión por dos años y medio en sus actividades al partido Fuerza Popular, en el marco de una investigación por los aportes a la campaña de su lideresa, Keiko Fujimori.
Indicó que el pedido hecho por el fiscal
José Domingo Pérez es un requerimiento que se encuentra incluido expresamente en el artículo 313 del Código Procesal Penal, por lo que "no se está inventando algo, sino que cumple con su deber porque así lo establece la ley".
"Son las reacciones propias del statu quo que se defiende, el sistema se defiende; nosotros hemos tenido que tocar fibras transversales en la sociedad, en el empresariado, en los partidos políticos; nosotros no judicializamos la política, lo que sucede es que tenemos que investigar graves casos de lavado de activos y corrupción de funcionarios en los que están involucrados políticos", dijo en Radio Nacional.
En ese sentido precisó que "no pueden abdicar" en sus funciones y permitir la existencia de un pacto de impunidad por más que ello signifique "que la normalidad de la actividad política pueda estar vinculada a cuestiones de carácter ético".
Asimismo, frente a las críticas que esta solicitud generó, en el sentido de que estamos en momentos previos al inicio de un proceso electoral, Vela dijo que como Fiscalía no pueden dejar de actuar y "no se pueden permitir pactos de impunidad, incluso de organizaciones políticas".
"Se está pidiendo (la suspensión) ahora porque hace menos de un mes que se confirmó, por sala superior, la incorporación como investigado del partido Fuerza Popular, a partir de graves elementos incorporados en la investigación, decisión que fue tomada no solo por un juez, sino por tres jueces superiores", agregó.
Chávarry y Gálvez
En otro momento, Vela se refirió a la suspensión temporal de los fiscales supremos
Pedro Chávarry y
Tomás Gálvez, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Indicó que ellos estuvieron a la expectativa de las resoluciones sobre estos casos, teniendo en cuenta que el equipo especial fue "agraviado por su conducta abusiva".
"Toda suspensión cautelar está vinculada a un proceso principal, el principal es un proceso que se sigue para su destitución, estimamos que esos seis meses serán de planificación y de respeto del debido proceso, y en ese margen de tiempo deberían estar resueltos sus procesos disciplinarios siendo la proyección que no vuelvan (a sus cargos)", sostuvo.
Asimismo consideró que el Congreso de la República también tiene que intervenir con la resolución de las denuncias constitucionales presentadas por la
fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, con la intención de continuar los procesos penales en contra de los involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
(FIN) JCC/FHG
GRM
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Publicado: 25/7/2020