La Contraloría General de la República implementará Órganos Instructores en las Gerencias Regionales de Control, existentes en los 24 departamentos, para agilizar los procedimientos administrativos que permitan agilizar el proceso sancionador contra malos funcionarios regionales.
Así lo afirmó el
contralor general de la República, Nelson Shack, quien destacó que con los órganos instructores en solo seis meses se podrá dictar sanciones más céleres y ejemplares contra funcionarios que incurren en actos de inconducta funcional y corrupción.
Fue durante la Sesión Informativa del Acuerdo Nacional, que se realizó en la víspera en la Escuela Nacional de Control, con la presencia del secretario ejecutivo, Javier Iguiñiz; el gobernador regional de Lima, Nelson Chui; congresistas de la República, así como representantes de partidos políticos.
Sostuvo que la implementación de estas oficinas, con personal especializado y equipamiento, reducirá de dos años a seis meses los
procedimientos administrativos de la Contraloría. Estos informes de sanción serán respaldados con mecanismos tecnológicos más efectivos, mediante el expediente de control digital que incluirá cero papel, notificación electrónica, firma digital y mesa de partes virtual.
Sin embargo, advirtió, es necesario que las otras instituciones que conforman el sistema de justicia vayan de la mano de la Contraloría para su atención inmediata, ya que la percepción de la ciudadanía de inoperancia e impunidad sobre la corrupción podría incrementarse ante casos no resueltos con la misma celeridad.
Explicó que los Órganos Instructores, que inician los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) producto de los informes de control que emite el Sistema Nacional de Control, realizan las investigaciones y determinación de las infracciones y sanciones contra funcionarios que incurren en faltas graves y muy graves.
Sostuvo que en la actualidad se cuenta con Órganos Instructores en la Sede Central, y en las Gerencias Regionales de Arequipa, Junín, Lima Provincias y Lambayeque para resolver los PAS a escala nacional, lo cual resulta insuficiente para llevar adelante y que culminen céleremente los procedimientos administrativos sancionadores contra funcionarios que cometen irregularidades en el ejercicio de su función.
Precisó que solo en el primer semestre del 2018, la Contraloría ha emitido 1,166 informes de auditoría a nivel nacional, regional y local, emitiendo 846 sanciones que comprenden a 797 funcionarios y servidores públicos.
Refirió, además, que la Contraloría, a través de la Procuraduría Pública, inició 82 procesos judiciales en el primer semestre del año, que involucra montos valorados en 375 millones de soles y 680 funcionarios involucrados en responsabilidad civil o penal.
“Si los otros componentes de este engranaje no siguen el mismo ritmo, colapsaremos el sistema de justicia, porque si ahora enviamos, por ejemplo, cinco informes mensuales al Ministerio Público para que lo procesen, cuando la reforma de la Contraloría termine antes del Bicentenario y hayamos absorbido todos los órganos de control, enviaremos 40 y si allá no lo podrán procesar, la sensación de inoperancia estatal será muy grande”, expresó.
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(FIN) NDP/MAO
Publicado: 26/9/2018