La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios allanó hoy la vivienda de la exalcaldesa Susana Villarán, en el marco de las indagaciones por los aportes que habrían entregado dos constructoras brasileñas a su campaña en contra de la revocatoria.
Estos son los hechos por los cuales la
exalcaldesa de Lima y el ex gerente municipal José Miguel Castro son investigados por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado.
Los hechos
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios asegura que, una vez convocado el proceso de revocatoria, José Miguel Castro se habría comunicado con Jorge Barata (exrepresentante de Odebrecht en el Perú) para convocarlo a una reunión en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la cual le pidió un apoyo económico de tres millones de dólares.
Barata sostiene que accedió al pedido porque Odebrecht tenía diversos intereses en la municipalidad capitalina, como la obra en ejecución Rutas de Lima. Consideraba que un cambio de alcalde podría perjudicar los intereses de su empresa.
José Miguel Castro habría pedido a Barata que un millón de dólares fuera depositado en diferentes cuentas y entregado en efectivo en el país; mientras que dos millones de dólares serían cedidos al publicista Valdemir Garreta para el pago a Luis Favre, el encargado de la campaña.
El dinero entregado a la campaña del no, de acuerdo con las investigaciones, habría salido de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, una contabilidad paralela que mantenía la constructora para el pago de coimas.
Garreta confirmó a la Fiscalía haber recibido de Odebrecht dos millones de dólares y, adicionalmente, un millón de dólares de la empresa OAS, que tenía en ejecución la obra Vía Parque Rímac con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Las imputaciones
La Fiscalía
acusa a Villarán de recibir dinero de las empresas Odebrecht y OAS para la campaña del no, a cambio de “hipotecar su voluntad” y favorecerlas en las obras que tenían en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
A José Miguel Castro le imputa haber solicitado y recibido dinero de OAS y Odebrecht para financiar la campaña que le daría continuidad a la gestión que lo puso en el cargo, y de incumplir sus obligaciones como gerente municipal.
La Fiscalía sostiene que para esconder estos aportes se habrían consignado en la rendición de cuentas de la campaña donantes inexistentes y el nombre de personas que negaron haber entregado donaciones.
Marco Antonio Zevallos, responsable legal de la campaña del no, declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones que la operación en contra de la revocatoria tuvo ingresos por un millón 614,321.50 soles y gastos por un millón 612,322 soles.
(FIN) FHG/CCR
GRM
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Publicado: 5/4/2018