El suspendido fiscal supremo, Pedro Chávarry, se presentó hoy ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para presentar sus descargos frente a las dos denuncias en su contra presentadas por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos.
Las acusaciones 365 y 322 son por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad del objeto, en calidad de instigador; y encubrimiento personal y encubrimiento real.
Durante la sesión, el representante del Ministerio Público, Luzgardo Gonzales, precisó que a Chávarry se le imputa haber planificado y ordenado la irrupción a una oficina lacrada por el fiscal José Pérez Gómez en el curso de una investigación contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular.
“Nosotros nos ratificamos en nuestra denuncia en todos los extremos, incluida la tipificación penal, que corresponde al Ministerio Público. Por ello, pido que la denuncia sea declara procedente y se continúe con el trámite parlamentario”, anotó.
Dijo que también se le imputa el obstruir a la justicia y a la labor de los propios fiscales en su misión de investigar, y dio referencias y detalles de supuestos vínculos y favorecimientos del funcionario para mantenerse en el cargo.
Gonzales hizo un recuento de los hechos ocurridos el 4 de enero del 2019 y manifestó que estos fueron registrados por las cámaras ubicadas en el edificio donde se encuentra la oficina de José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato.
“Se deslacró ilegalmente la oficina para sustraer y desaparecer documentos con la finalidad de frustrar la diligencia del fiscal provincial. Es por esta razón que en la denuncia presentada se consignan dos delitos que no pueden separarse: es atentar contra la conservación e identidad del objeto, en calidad de instigador, y encubrimiento real de la documentación”, refirió
Por su lado, Chávarry no negó que estuvo en la fecha mencionada en el citado lugar, pero dijo que no tuvo ningún vínculo con el deslacrado de la oficina, a la que, según afirmó, en ningún momento ingresó.
Sostuvo que el representante del Ministerio Público utilizó “términos inapropiados con base en hechos fácticos que nunca ocurrieron, como que ordenó el deslacrado y que tiene vínculos con Fuerza Popular”.
“No tengo ninguna vinculación con ese partido, no tuve ninguna participación con el chat La Botica, y no he obstruido en ningún momento al equipo Lava jato. No hay videos, no hay audios ni testigos que puedan demostrar esas acusaciones”, refirió.
Su abogado Jorge Rodríguez dijo que las acusaciones no tienen ningún respaldo probatorio y son “imprudentes”.