En los próximos días serán separados los primeros 100 servidores públicos por haber incurrido en actos corrupción, adelantó el viceministro de Justicia, Edgar Carpio, en el marco de las políticas de promoción de la integridad del servicio público y prevención de ese flagelo.
Para efectuar dicha separación, se ha venido cruzando información entre el
Poder Judicial, Ministerio Público y el Ministerio de Economía, en el objetivo de aplicar -en el ámbito de Servir y las entidades públicas- los nuevos estándares de contratación en el Estado.
“Se impulsaron cambios profundos en las estructuras del servicio público para promover la integridad, castigar al funcionario y servidor deshonesto, proteger los derechos e intereses del ciudadano y prevenir escenarios de corrupción”, comentó el funcionario.
Recordó que, según la
Contraloría General de la República, entre inicios del 2009 y marzo del 2016, se detectaron
198,340 sanciones penales, civiles o administrativas a servidores públicos por acciones ligadas a temas de corrupción.
En el mismo intervalo, se identificó un total de 1,812 procesos judiciales a 9,937 funcionarios, con costos que superaban los 1,500 millones de soles.
Precisamente, al
Minjus se le encargó, en los hechos, liderar la implementación de reformas legales orientadas a maximizar la eficiencia de esta lucha.
“Así, se fomentó la elevación de los
estándares de contratación pública, impidiendo que personas condenadas por delitos contra la administración pública accedan a cargos públicos”, refirió Carpio en entrevista con el
Diario Oficial El Peruano.
Además, se modificaron el Código Penal y el nuevo
Código Procesal Penal (NCPP) para hacer más eficiente la investigación, el procesamiento y la sanción del crimen organizado.
Estas medidas fueron incentivadas desde tres ejes: prevención, procesamiento y sanción.
“En el primero, se implementó una serie de instituciones y procedimientos orientados a promover la transparencia y eliminar la cultura del secretismo; se elevaron los estándares para el acceso a la administración pública, entre otros”, apuntó el viceministro.
Agregó que, en materia de procesamiento y sanción, se adoptaron medidas para hacer más eficiente la investigación contra las personas que defraudaron la confianza del servicio público.
“Se creó, además, la autoridad técnica y el tribunal, a fin de supervisar el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública”, remarcó.
Cabe mencionar que existen diversas modificaciones al NCPP para hacer más eficaz la persecución y sanción de los delitos contra la administración pública y contra la criminalidad organizada.
Por ejemplo, se autoriza el empleo de técnicas especiales de investigación, y se inhabilita a los servidores condenados por casos graves de corrupción para que no puedan volver a trabajar en el Estado, aplicándoseles la sanción penal de inhabilitación perpetua.
De igual modo, se dieron normas para transparentar las relaciones de parentesco familiar, a fin de hacer más eficientes las investigaciones que realizan en esta lucha los jueces, fiscales, comisiones investigadoras del
Congreso, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Tribunal de Servir.
El viceministro también hizo hincapié en que la ciudadanía tendrá mayores oportunidades de denunciar este tipo de delitos, con la debida protección.
“Se asegurará la reserva absoluta de la identidad del denunciante y, cuando la denuncia corresponda a un servidor público, se le darán medidas de protección laboral, como el traslado temporal del denunciante o la renovación de la relación contractual”, dijo.
(FIN) DOP/MVF
Publicado: 20/7/2017