Las fallas existentes en el sistema de justicia, que permiten dejar en libertad a peligrosos delincuentes o enfrentar sus procesos fuera de las cárceles, genera una sensación de impunidad, sostuvo hoy el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.
Fue durante su presentación en la Comisión de Justicia del Congreso nacional, para dar cuenta de este problema y también de las coordinaciones que realiza con los representantes del Poder Judicial, José Luis Lecaros; del Ministerio Público, Pablo Sánchez; y la Policía Nacional para solucionarlo.
Pérez Guadalupe sostuvo que, según la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de un total de 992 detenidos por la policía, 93 fueron internados en establecimientos penales (9.38%) y 899 (90.62%) puestos en libertad. Con estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), precisó que el 62% de los 17,507 internos no permanecieron ni siquiera un año de prisión.
En ese sentido, lamentó la liberación de los miembros de la banda delictiva conocida como ‘Los cachangas de Condevilla’, autores de asaltos a mano armada, y del narcotraficante colombiano alias ‘Bellota’, que incluso tiene vinculaciones con la organización terrorista de los hermanos Quispe Palomino, como denunció un reportajes periodísticos.
"Creo que el mensaje que damos a la ciudadanía con estos reportajes, como digo que salen todas las semanas, más allá de si es exacto que el juez o la sala les dio la libertad, es un sentimiento de impunidad", anotó.
Señaló, empero, que en la primera reunión de coordinación entre los operadores de justicia se adoptó una serie de medidas conjuntas para actuar en forma articulada y eficaz y formar comisiones técnicas, entre otros temas.
Recordó que existen hasta 20 protocolos de actuación conjunta de acuerdo con el código procesal penal, los últimos de los cuales hacen referencia a allanamiento, impedimento de salida, intervención de comunicaciones y levantamiento del secreto bancario, y recomendó a las tres instituciones socializar más en el uso de estos protocolos y seguir capacitando al personal.
Sánchez Velarde, por su parte, argumentó que la detención preventiva responde a una serie de requisitos contemplados en la ley y que en muchos casos se concluye en que es infundado.
Sostuvo que una de las causas por las que no se solicitan las prisiones preventivas es cuando el tiempo para las investigaciones, 24 horas, resulta insuficiente. Estos ocurre, dijo, cuando la sanción por los delitos cometidos no es superior a cuatro años de prisión, y cuando los hechos denunciados no se adecúan al tipo penal, entre otros.
En tanto, el vocal supremo José Luis Lecaros señaló que uno de los principales problemas que tiene esa jurisdicción es la falta de presupuesto para hacer las investigaciones correspondientes.
Dijo que del 15 % de los casos declarados con prisión privativa de la libertad, el 70 % es aceptado por el juez, no por mala voluntad del juez sino por falta de recursos que apoyen una acusación.
Cuestionamientos
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, estimó que se requiere una mejor coordinación entre estos operadores de justicia para una eficaz lucha contra la inseguridad ciudadana.
Consideró que el sistema judicial habría fracasado en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, debido a que solo cuatro de cada 100 detenidos por la Policía Nacional acaban en la cárcel.
La Comisión exhortó a Pérez Guadalupe, Sánchez Velarde y Lecaros a “establecer mejores niveles de coordinación que permitan no solo revertir estas caóticas cifras, que se sustenta en el equivocado y excesivo criterio garantista de los magistrados y algunos actos de corrupción de malos jueces”.
Los parlamentarios Octavio Salazar (FP), Mauricio Mulder (CP), y Rubén Condori (NGP) llamaron la atención de que solo cuatro de cien detenidos por la policía termine en la cárcel.
(FIN) AND/ ASH