Más de 40 ciudadanos extranjeros que infringieron la Ley de Extranjería han presentado en los últimos meses recursos de hábeas corpus para frenar su expulsión del país dispuesta por la Superintendencia Nacional de Migraciones, siendo uno de los casos más conocidos el de la bailarina colombiana Greysi Ulloa.
El titular de dicha Superintendencia, Edwin Palomino, explicó a la agencia Andina que estos recursos apelan mayormente al derecho a la familia y argumentan una supuesta vulneración del derecho al libre transito y a la residencia.
Indicó que la Superintendencia se rige por la Ley de Extranjería, donde se contempla las infracciones y sus respectiva sanciones a la misma, mas no el derecho a la familia.
Ese derecho, explicó el gerente de Servicios Migratorios de la Superintendencia, Ronald Ríos, está contemplado en el artículo cuarto de la Constitución Política del Perú, pero en la misma Carta Magna se indica que el derecho al libre tránsito y a la residencia puede ser desestimado en aplicación de la Ley de Extranjería.
"Pero además, como funcionarios nosotros nos regimos por una ley y no tenemos el control difuso de esta, es decir que no podemos anteponer una norma superior a la ley por la cual nos regimos", anotó.
Según indicó, existen dos casos emblemáticos de ciudadanas colombianas en este tema. Una de ellas la bailarina Greysi Ulloa, quien tenía calidad de turista en el país pero era claramente conocido que se dedicaba a trabajar en actividades artísticas y luego se casó y apeló al derecho a la familia.
La otra colombiana que también tiene problemas es María Agresott, sobre quien pende una orden de expulsión debido a que, al ser casada con un peruano, tenía calidad de "familiar de residente", pero tras divorciarse perdió ese estatus.
El funcionario explicó que en este caso, podría acogerse al convenio multilateral del Mercosur, que es un mecanismo más simple y rápido, pero la ciudadana colombiana se niega a hacerlo.
Cabe indicar que del 100% de los hábeas corpus presentados por los ciudadanos extranjeros, el 99% son rechazados por el Poder Judicial, según cifras de Migraciones.
En ese sentido, Palomino pidió la colaboración del Poder Judicial y del Ministerio Público para evitar que se frene el accionar de la Superintendencia con futuras aceptaciones de recursos de hábeas corpus por parte de los extranjeros infractores.
Se refirió específicamente a un hecho que está sucediendo en la ciudad de Iquitos en abierta violación de la Ley de Extranjería, que es la presencia de ciudadanos extranjeros que ingresaron al país en calidad de turistas, pero que ahora se dedican a dar préstamos con intereses muy elevados.
"Así como ha sucedido en Lima, estos prestamistas van luego en moto a cobrar los intereses, ejerciendo presión y actuando ilícitamente", comentó.
Agregó finalmente que Migraciones está trabajando muy fuerte para acabar con ese problema en la ciudad loretana.
(FIN) ART/RRC
Publicado: 25/12/2014