En una nueva operación contra la minería ilegal en la región San Martín, agentes de la Comisaría Rural PNP Santa Lucía, en coordinación con el Equipo de Inteligencia de Tocache (EI-T), ejecutaron una importante intervención que culminó con la captura de dos personas implicadas en actividades ilícitas de extracción de oro en las riberas del río Huallaga.
Los detenidos fueron identificados como Mateo Rolando Borja Rodríguez (32) y Esgard Córdova Ruiz (23), quienes fueron sorprendidos realizando labores de remoción de material (hormigón y arena) en el distrito de Santa Lucía, provincia de Tocache.
En el lugar, la Policía Nacional halló una estructura artesanal compuesta por una canaleta de madera con su respectiva alfombra —usada comúnmente para la retención de partículas auríferas—, así como una motobomba, mangueras, palas y otros implementos característicos de la
minería ilegal.
El
operativo se realizó mediante desplazamiento fluvial a bordo de una embarcación motorizada, llegando hasta las coordenadas 8°18'33.738? S – 76°24'51.276? W, a orillas del río Huallaga. Posteriormente, la patrulla se movilizó aproximadamente 400 metros río abajo, alcanzando un segundo punto ubicado en las coordenadas 8°18'33.36156? S – 76°25'4.53634? W, donde
se encontró otro campamento rústico similar. Aunque los presuntos mineros ilegales lograron huir al notar la presencia policial, se incautaron más herramientas, incluyendo otra canaleta, una motobomba en funcionamiento, palas y mangueras.
Debido a limitaciones logísticas (el equipo policial contaba solo con una lancha con motor), parte del material incautado fue destruido en el lugar, conforme a lo establecido por la normativa ambiental vigente. La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Juanjuí, representada por el fiscal John Nilton Ventura Castillo, fue informada de inmediato sobre los hechos.
Esta operación pone en evidencia, una vez más, la persistente expansión de la minería ilegal en la cuenca del río Huallaga, actividad que continúa generando severos impactos ambientales y sociales en la región San Martín. La zona de Santa Lucía ha sido identificada como un corredor altamente vulnerable, donde operan bandas organizadas, muchas veces con total impunidad.
Si bien la Policía Nacional ha actuado con eficacia y valentía, se espera una respuesta más firme por parte del Ministerio Público, no solo para evitar la impunidad de los detenidos, sino también para identificar y sancionar a los financistas detrás de estas operaciones ilícitas.
Desde distintos sectores de la ciudadanía se exige que estas acciones no se queden en casos aislados. Se pide un refuerzo del control territorial en las zonas más expuestas a la minería ilegal, así como la intervención activa de las direcciones regionales competentes, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otras instituciones responsables de salvaguardar los ecosistemas y los recursos hídricos de la Amazonía peruana.
La reciente intervención en Santa Lucía representa un nuevo avance en la lucha contra esta amenaza, pero el desafío de fondo sigue siendo el desmantelamiento de las redes logísticas, financieras y sociales que sostienen la minería ilegal. La sociedad civil y los medios de comunicación continuarán vigilantes.