El alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca, William Bravo Quispe, es uno de los tres funcionarios implicados en una investigación preliminar que inició el Ministerio Público por el delito de atentado contra monumentos arqueológicos por la reducción del área de protección que comprende las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa.
El caso es investigado de forma preliminar por el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca. Los otros dos funcionarios implicados en la investigación son: Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica; y Johny Isla Cuadrado, responsable del Sistema de Gestión Nasca – Palpa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica.
Además del delito de atentado contra monumentos arqueológicos, los funcionarios son investigados por los delitos de omisión de deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad en agravio al Estado Peruano.
Según la indagación del fiscal provincial José Meléndez Curasi, las
Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, sitios declarados Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1993,
comprende un área reservada de 5,633.47 km². Sin embargo, la
Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC emitida por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, r
edujo esta área a 3,235 kilómetros cuadrados dejando desprotegidos más de dos mil kilómetros con más de 100 sitios arqueológicos de interés nacional.
Sostuvo que la reducción habría sido irregular, sin cumplir requisitos reglamentarios y habría favorecido intereses mineros para operar en las zonas afectadas, así como al tráfico de terrenos. El plazo de la investigación preliminar es por 60 días y podrá extenderse conforme avancen las pesquisas.
El Ministerio Público indicó que otros funcionarios del Ministerio de Cultura, incluyendo al ministro Fabricio Valencia Gibaja, están siendo investigados por la Fiscalía Superior Penal Gestor de la Segunda Fiscalía Coordinadora Penal de Santiago de Surco - Barranco, que realiza funciones adicionales como coordinador nacional en Delitos contra el Patrimonio Cultural de Lima.
Asimismo, por la complejidad del caso, este también ha sido derivado a la Fiscalía Corporativa de Corrupción de Funcionarios de Ica, donde ya se investigan los hechos por el delito de cohecho activo propio.
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