La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional interpuesta por el exfiscal de la nación, Juan Carlos Villena, contra la presidente de la república, Dina Boluarte Zegarra, y los exministros Pedro Angulo Aranda, Alberto Otárola Peñaranda, César Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
La denuncia constitucional les atribuía la posible comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves tipificados en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal.
El congresista delegado de esta denuncia, José Jerí Oré (SP), sostuvo, luego del análisis integral de los documentos presentados, los descargos formulados por los denunciados y las declaraciones en las audiencias, se evidenció que no habían a la fecha elementos de convicción suficientes que acrediten conducta típica, antijurídica y culpable atribuible a los denunciados.
Precisó que no se habían identificado órdenes directas, actuaciones dolosas ni un vínculo causal claro entre sus decisiones y resultados lesivos ocurridos durante las protestas iniciadas el 2022.
Por lo tanto, ante la falta de pruebas suficientes para dicha acusación, recomendó el archivo de la referida denuncia, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con las investigaciones, a fin de establecer las responsabilidades individuales conforme a derecho.
Tomás Gálvez
Previamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidido por las congresista María Acuña Peralta (APP) postergó el debate y votación del informe final de la Denuncia Constitucional 387, que interpuso la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, contra Tomás Gálvez Villegas, en su actuación como fiscal supremo titular del Ministerio Público.
Se le atribuía ser presunto autor de la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, previsto y sancionado por el Código Penal, y por ser presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado por su condición de funcionario público.
El congresista delegado de esta acusación, Luis Aragón Carreño (AP), envió un oficio excusándose de asistir a este grupo de trabajo por asuntos urgentes en el último día de la semana de representación, por lo que solicitó su reprogramación para la siguiente sesión.
(FIN) NDP/FHG/JCC
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Publicado: 18/7/2025