Lima, jul. 24 (ANDINA).- El Tribunal Constitucional está preparado para afrontar y soportar cualquier campaña de ataques de parte de quienes se vieron eventualmente perjudicados por el fallo que declara inconstitucional la derogada ley de arresto domiciliario, aseguró su presidente Javier Alva Orlandini.
Advirtió que algunas de las recientes leyes aprobadas por el Congreso, como la del arresto domiciliario, pueden poner en riesgo la democracia en el país, al afectar la lucha contra la corrupción y permitir la impunidad de quienes delinquieron.
Esa es la razón, señaló, por la cual el Tribunal Constitucional no sólo declaró inconstitucional dicha ley, sino que llamó la atención tanto al Poder Ejecutivo, al Congreso y al Poder Judicial.
"Los tres poderes del Estado deben cumplir adecuadamente con las funciones y las atribuciones que le corresponden", ratificó en declaraciones a la agencia Andina.
Alva Orlandini comentó, de otro lado, que si bien es cierto el Poder Judicial necesita los recursos adecuados para avanzar en la lucha anticorrupción, sus integrantes también deben mostrar "mística" y compromiso para superar las dificultades existentes.
Recordó que el año pasado el TC declaró fundada una demanda del Poder Judicial sobre la administración de su presupuesto en la que se estableció que sus requerimientos debían ser atendidos de forma apropiada para que pueda cumplir con sus obligaciones.
"Pero, adicionalmente, se requiere que haya mística en quienes integran el Poder Judicial y el Ministerio Público", subrayó.
De otro lado, indicó que si el Ejecutivo presenta una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza de la región Cusco que legaliza el cultivo de la hoja de coca en algunas zonas de su jurisdicción, el TC analizará si esta norma vulnera la Constitución.
"No quisiera adelantar ninguna opinión al respecto para no inhibirme como magistrado en este caso", subrayó.
Al respecto el ministerio de Justicia dispuso que una comisión evalúe las ordenanzas dadas por los gobiernos regionales a fin de determinar si procede a interponer contra ellas una acción de inconstitucionalidad.
(FIN) CCR/GCO