El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) resaltó que, después de 10 años en los que no se atendió el problema público del hacinamiento de los penales en el Perú, el gobierno que encabeza la presidenta Dina Boluarte rediseñó la política penitenciaria y asignó un presupuesto inicial para ampliar la infraestructura de las cárceles.
Precisaron que, a través de la Ley de endeudamiento, a finales del año 2024 se gestionaron S/ 3 mil millones que serán invertidos este año, bajo la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la construcción de penales. Este monto será transferido al Estado peruano progresivamente, según el avance efectivo de los proyectos.
Además, desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2025 se entregaron más de 656 nuevas unidades de albergue producto de la ampliación de los penales de Puno, Lampa e Iquitos, además de un área especializada para internos con TBC en Chimbote.
De igual modo, están en plena ejecución las obras de ampliación de los penales de Iquitos y Abancay, que sumarán en pocos meses más de 993 unidades de albergue; y el proyecto Medio Libre Surquillo, con un avance físico de 72.4%.
Próximos proyectos
En etapa de expediente técnico se encuentran las ampliaciones de los establecimientos de Arequipa, Pucallpa, Piura, Ica, Trujillo, Moyobamba, Chincha y Chiclayo; en tanto se viene evaluando la construcción de los penales de Ancón III, Shumba (Cajamarca), Venado Pampa (Huánuco), Colquepata, (Cusco) y Bagua Grande (Amazonas). Todos ellos sumarán 22 102 unidades de albergue.
También se encuentra en formulación y evaluación un proyecto en Huacho, destinado a albergar a 16,000 personas privadas de libertad en calidad de procesados en Lima, y un proyecto destinado a albergar a 10,000 privados de su libertad con clasificación de alta peligrosidad a nivel nacional.
En el marco de la lucha frontal contra la criminalidad, el pasado 18 de marzo el Minjusdh invitó a los empresarios a sumarse a través de la modalidad de Obras por Impuestos y presentó un portafolio de 18 inversiones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por S/1422 millones.
Las acciones concretas de deshacinamiento se han complementado con el impulso de normas que han logrado la creación del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres); la Estrategia Sectorial de Emergencia penitenciaria y el Plan de reestructuración del INPE.
Igualmente, el Minjusdh, por intermedio del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú – Eje Penal, viene desarrollando el proyecto de Sistema Integral de Gestión Penitenciaria, que implementará sistemas de información en las áreas de tratamiento, medio libre, seguridad, registro y salud penitenciaria de los establecimientos penitenciarios. Se precisa que su uso será obligatorio para las distintas instancias que conforman el INPE.
Además, se trabajaron el
Decreto Legislativo N°1585, que operativiza la aplicación de la vigilancia electrónica; y el
Decreto Legislativo N°1619, que establece disposiciones de carácter excepcional sobre la remisión condicional de la pena y beneficios penitenciarios.
El Minjusdh reafirmó la política penitenciaria que busca garantizar que no se cometan delitos desde y hacia los penales, consolida el principio de autoridad interna y externa, reeduca y resocializa a los internos, mejora la infraestructura y el equipamiento y, sobre todo, revalora la tarea que realizan los agentes y personal penitenciario en todo el país.
(FIN) NDP/MCA/JCR
JRA
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Publicado: 6/4/2025