El Tribunal Constitucional (TC) exhortó hoy al Parlamento a que el más breve plazo tipifique como delito que un juez o un fiscal demore intencionalmente más de 36 meses un proceso penal sin condena.
Lima, feb. 03 (ANDINA).- El Tribunal Constitucional (TC) exhortó hoy al Parlamento a que el más breve plazo tipifique como delito que un juez o un fiscal demore intencionalmente más de 36 meses un proceso penal sin condena.
Fue mediante una sentencia que emitió el máximo órgano constitucional sobre un recurso de hábeas corpus que presentó el ciudadano Miguel Sánchez Calderón contra la Segunda Sala Penal de la Corte de Superior de Piura.
Sánchez Calderón llevaba más de 36 meses detenido y presentó una acción de garantía constitucional contra el tribunal que confirmó su detención y le negó la excarcelación.
"El TC exhorta al Congreso a dictar la legislación penal para sancionar a fiscales y jueces que intencionalmente no dictan sentencia en los plazos legales establecido por las leyes", señala el fallo del TC.
Asimismo agrega que su decisión es de carácter vinculante y debe ser acatado por todas las instituciones, entre ellas el Poder Judicial y el Ministerio Público.
En comunicación con la agencia Andina, el titular del TC, Javier Alva Orlandini, explicó que este fallo confirma la anterior sentencia sobre la excarcelación de los procesados que se encuentren detenidos más de 36 meses sin sentencia.
"En un plazo razonable, el Congreso debe dictar la legislación correspondiente para penalizar la conducta de los magistrados que demoren los procesos y que estos concluyan con la liberación de los procesados", precisó Alva Orlandini.
También rechazó la declaración del juez anticorrupción, Saúl Peña Farfán, respecto a que el TC sabía que es lo que iba a ocurrir si fijaba como plazo mínimo los 36 meses para que se decrete una sentencia.
"El TC no maneja los procesos penales ni civiles. Sabemos que existen miles de casos que están con los plazos vencidos, y en vez de decir eso porque no señalan día hora para el juicio de La Cantuta y Barrios Altos y no hacer especulaciones de que en abril salen más miembros del grupo Colina", enfatizó.
La liberación, por exceso de carcelería sin sentencia, de procesados de la red de corrupción fujimontesinista y de implicados en violaciones de derechos humanos, generó una reacción de rechazo en la sociedad peruana.
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