El titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Rubén Ramírez Mateo, anunció hoy que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) reanudará este mes la exigibilidad del pago de multas aplicadas por infracciones a la legislación y a los compromisos ambientales establecidos en los compromisos de gestión ambiental.
Sostuvo que esta disposición se realiza al haberse
vencido el plazo establecido en la Resolución de Consejo Directivo 0007-2021-CD/OEFA, emitida en el marco de lo dispuesto en el
Decreto Legislativo 1500, que suspendió el pago de multas ambientales.
Esta disposición fue anunciada por el
presidente Pedro Castillo en su Mensaje a la Nación en el marco de la asunción del mando presidencial de “eliminar las trabas que impiden el cobro de las infracciones ambientales y crear instrumentos estratégicos para la gestión moderna de los recursos ambientales como el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y el de Metales Pesados, Metaloides y Sustancias Químicas Tóxicas, entre otros”.
El Minam precisó que el Decreto Legislativo 1500, que autorizó al OEFA a regular el procedimiento de fraccionamiento y aplazamiento de las multas impuestas, se dictó en el contexto de la crisis sanitaria y para que las empresas puedan orientar sus recursos y esfuerzos en la ejecución de los proyectos de inversión. Bajo ese marco, el OEFA aprobó el respectivo procedimiento con Resolución de Consejo Directivo 0007-2021-CD/OEFA.
Por otro lado, el Minam indicó que los recursos recaudados por el OEFA, como consecuencia de las multas impuestas, son destinados para financiar las actividades de fiscalización ambiental que permitirán garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, en el marco de lo establecido en la Ley 29325.
Por último, el Ministerio del Ambiente resaltó que dicho sector impulsa las mejores prácticas ambientales para garantizar el bienestar de las personas y de los sectores más vulnerables, bajo un enfoque preventivo, siendo los mecanismos de control y sanción ambiental necesarios para asegurar el cumplimiento de los principios de responsabilidad ambiental y de internalización de costos. "Todo ello para contribuir al tránsito del país hacia una economía baja en carbono, así como para contribuir a la reactivación de la economía con un contenido ambiental y climáticamente responsable", subrayó.