La resolución legislativa que busca desincentivar la fragmentación de las bancadas y promover su fortalecimiento, conocida como ley antitransfuguismo, no es una solución, pero ordena, opinó hoy el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Fernando Tuesta.
“No es solución, pero creo que ordena porque es una manera de controlar y desincentivar algo que se ha estado produciendo desde hace años”, señaló a la Agencia Andina.
Precisó que no puede ser llamada una ley contra los tránsfugas, porque el término trasciende al Parlamento y en este caso puntual solo tiene efectos en las bancadas.
Recordó, además, que todos los grupos parlamentarios, desde el 2001, han intentado legislar sobre el transfuguismo; sin embargo, el primer y gran problema que enfrentaron fue definir quién es tránsfuga. “Allí se atascaron”, mencionó.
Sobre si hubiera sido mejor incluir el tema del
transfuguismo como parte de una reforma integral, refirió que ello habría tomado tiempo.
“De acá a que se apruebe eso se hubiesen creado otras bancadas y esa división hubiera impedido que se aceptara una ley de esta naturaleza”, dijo.
Tuesta sostuvo, además, que lo aprobado en el Congreso no atenta contra funciones claves del parlamentario como legislar, fiscalizar y representar, por lo que no podría hablarse de que se está ante una ley anticonstitucional.
La
norma aceptada por el Parlamento precisa que “no pueden constituir nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otro los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados de la bancada, partido político o alianza electoral por el que fueron elegidos”.
En tal sentido, dichos legisladores no asumirán cargos directivos del Congreso ni de las comisiones ordinarias.
(FIN) VVS/FHG
GRM
Publicado: 15/10/2016