El primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, se mostró en desacuerdo con la iniciativa del legislador Alberto de Belaunde para reinstaurar el sistema bicameral en el Perú, al señalar que subir de 130 a 220 la cifra de parlamentarios demandaría mayor gasto al Estado.
Según refirió,
el Congreso de la República es más operativo y eficiente con una sola cámara de representantes, la cual -dijo- actúa como una cámara de senadores “revisora y reflexiva” cuando somete a doble votación aquellos proyectos de ley que lo ameritan.
“Esto de la doble cámara se sustituye en el Congreso unicameral con la doble votación que existe para algunas normas después de siete días. Aquí los parlamentarios podemos corregir, reflexionar y revisar si la primera votación fue correcta o no”, declaró a la Agencia Andina.
Mantilla agregó, en ese sentido, que volver al sistema
parlamentario bicameral, que rigió en el Perú hasta 1992, resulta innecesario.
“Crear otra cámara no me llena de expectativa respecto a que esto pueda mejorar el trabajo legislativo. Definitivamente, va a generar un gasto adicional. Yo, particularmente, no estoy de acuerdo”, apuntó el también parlamentario de las filas de Fuerza Popular.
Asimismo, Mantilla indicó que, si de volver a la bicameralidad se trata, más “razonable” sería plantear que el número actual de 130 congresistas sea distribuido en 100 diputados y 30 senadores, todos ellos elegidos por voto popular.
Sin embargo, el legislador consideró imperativo iniciar un debate amplio y abierto en torno a la conveniencia o no de un posible retorno a la bicameralidad, una discusión en la que -dijo- deberían participar no solo expertos, sino también voces de la sociedad civil.
Como se recuerda, Alberto de Belaunde presentó un
proyecto de ley que
busca el retorno de la bicameralidad en el Parlamento, mediante la modificación de diversos artículos de la Constitución relacionados con las funciones que tendrían las cámaras de diputados y de senadores.
Los diputados, por ejemplo, podrían levantar el secreto bancario y la reserva tributaria en sus comisiones investigadoras y delegar facultades legislativas al Poderes Ejecutivo.
En cambio, los senadores tendrían a su cargo la aprobación de los tratados antes de su ratificación por el Ejecutivo, siempre que sea sobre derechos humanos, soberanía, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado.
También sería exclusividad del Senado presentar proyectos de reforma constitucional y revisar los proyectos sobre los que se ha pronunciado la Cámara de Diputados, nombrar al defensor del Pueblo, entre otros funcionarios.
(FIN) MVF/CCR
JRA
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Publicado: 1/4/2018