En cumplimiento de su función fiscalizadora y sancionadora, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) aplicó, entre enero y agosto de este año, sanciones y penalidades por un monto total de ocho millones 560,883.60 soles.
La Jefatura de Fiscalización del Ositran informó que, al 31 de agosto, emitió pronunciamientos sobre un total de 53 expedientes referidos a incumplimientos contractuales o normativos por parte de las empresas concesionarias. De este total de expedientes, 40 corresponden a procedimientos administrativos sancionadores (PAS) y 13 a la aplicación de penalidades.
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De los expedientes referidos a PAS, seis cuentan con sanción firme a nivel del Ositran, por un monto total de 502,412 soles y, de los correspondientes a la aplicación de penalidades, ocho cuentan con pronunciamiento definitivo a nivel de la entidad, por un monto de ocho millones 58,471.60 soles.
De las sanciones aplicadas que cuentan con resolución firme del regulador, tres han sido aplicadas a la empresa concesionaria del sector de Metros y Ferrocarriles: Tren Urbano de Lima SA (Metro de Lima Línea 1) por un total de 428,839 soles; en el sector aeroportuario, se aplicó una sanción a la empresa Lima Airport Partners (LAP) por 42,871 soles y en el sector portuario, dos sanciones a las empresas concesionarias Terminal Portuario Paracas (Terminal Portuario General San Martín) y APM Terminals Callao (Terminal Muelle Norte) por un total de 30,702 soles.
En cuanto a las ocho penalidades aplicadas, cinco han sido impuestas a empresas concesionarias del sector aeroportuario, aplicándose cuatro a Aeropuertos del Perú, por 162,700 soles; y una penalidad a Aeropuertos Andinos del Perú SA por tres millones 607,500 soles.
Asimismo, el regulador aplicó tres penalidades a empresas del sector de la red vial, aplicándose dos a la Concesionaria Vial Sierra Norte (Longitudinal de la Sierra Tramo 2) por cuatro millones 286,810 soles y una a la empresa Concesión Canchaque por 1,461.60 soles.
Las sanciones y penalidades impuestas por el ente regulador constituyen también medidas disuasorias, que buscan que las entidades prestadoras cumplan sus obligaciones normativas y contractuales. En consecuencia, que los servicios que ofrezcan a los usuarios sean óptimos y cuenten con altos estándares de calidad.
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